En el marco de las actuaciones impulsadas por la nueva Junta de Gobierno del ICAM para la defensa de la profesión y mejorar las condiciones en el ejercicio de la abogacía madrileña, el decano Eugenio Ribón, junto con el Diputado responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
En la agenda del encuentro, convocado con el objetivo de facilitar el ejercicio de la Abogacía e impulsar un funcionamiento más eficiente de fiscalías, juzgados y tribunales, figuraban como puntos destacados garantizar la privacidad entre fiscales y letrados en las conformidades o asegurar el acceso de estos últimos a los atestados en actuaciones ante juzgados de guardia desterrando actuaciones que limitaran la correcta instrucción de los profesionales de la abogacía.
“Desde el ICAM hemos trasladado a la Fiscalía de nuestra Comunidad las principales preocupaciones de nuestro colectivo en los distintos ámbitos que compartimos, entre ellos, los protocolos de conformidad: es esencial que todas esas reuniones que se producen entre fiscalía y abogacía se desarrollen en la estricta privacidad y, por supuesto, sin la presencia de la Autoridad Judicial”, ha declarado Ribón.
El ICAM también ha solicitado a la fiscalía una posición activa cuando el letrado no haya tenido acceso, con tiempo suficiente, a la copia del expediente, negándose a que haya declaración sin instrucción.
“Teniendo en cuenta que la figura del fiscal no es solo de acusación, sino también de garante de la legalidad, lo que incluye el derecho de Defensa, hemos trasladado la importancia de un posicionamiento activo del Ministerio Fiscal para asegurar que los compañeros que desarrollan sus actuaciones tengan un acceso previo a los atestados y no se desarrollen comparecencias precipitadas sin que tenga posibilidad de examinarse”, ha explicado el decano.
Además, los representantes del ICAM han reiterado la importancia de contar con la presencia del Ministerio Público en todas las actuaciones en las que la ley lo requiera, especialmente en los ámbitos de familia, puesto que “en algunos partidos judiciales concretamente hemos detectado una ausencia preocupante”, ha dicho Ribón.
Finalmente, se ha abordado la necesidad de evitar las prácticas de algunos juzgados, como acontece en Getafe, que convocan a audiencia para conformidades en días distintos al señalamiento, lo que no está previsto por la ley. También se ha profundizado en la justicia restaurativa y en la mediación, especialmente en el ámbito penal y en aquellos supuestos de incapacidades y jurisdicción voluntaria.
Desde el área de Defensa de la Abogacía del ICAM, cuyo diputado responsable es Javier Mata, se hará un seguimiento de cada una de las propuestas planteadas, evaluando de cara a próximas reuniones su estado de cumplimiento.
Precisamente, el ICAM ha lanzado hace una semana una campaña para incentivar el uso de este servicio por parte de los colegiados.
Resumen de los acuerdos adoptados
- Que se erradique la práctica de negociar conformidades en Sala con presencia del juez. El Decano y la Fiscal Superior de la CAM han acordado que las conformidades se realicen de forma reservada y en la estricta privacidad entre fiscal y letrado.
- Acceso a expedientes: Teniendo en cuenta que la figura del fiscal no es solo de acusación, sino también de garante de la legalidad, lo que incluye el derecho de Defensa, se ha acordado que el fiscal tendrá una posición activa cuando el letrado no haya tenido acceso, con tiempo suficiente, a la copia del expediente. El fiscal en estos casos velará porque la declaración se desarrolle con las debidas garantías para un correcto ejercicio del derecho de defensa.
- Se velará por la presencia del fiscal en todas las actuaciones en las que esta sea necesario, especialmente en los ámbitos de familia que en algunos partidos judiciales concretamente hemos detectado esa ausencia preocupante (juzgados de Majadahonda o Pozuelo)
- Acuerdo entre fiscalía y abogacía en que se acabará con la práctica irregular de algunos juzgados, en particular en Getafe, convocando a audiencia para conformidades en días distintos al señalamiento, lo que no está previsto por la ley.