La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyL) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebraron ayer una jornada conmemorativa sobre los 40 años de España en la Unión Europea, un encuentro académico e institucional que reunió a destacadas personalidades del ámbito jurídico, político y universitario para hacer balance de cuatro décadas de integración europea.
La sesión, dirigida por Ricardo Alonso, catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea, director general del Centro Universitario del ICAM (CUICAM) y Académico de Número de la RAJyL, tuvo lugar en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y se enmarcó en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.
El acto contó con la bienvenida de Luis Mª Cazorla, presidente de la RAJyL, y se estructuró en dos mesas redondas en las que se abordó la profunda transformación jurídica, económica, social e institucional vivida por España desde su incorporación a las entonces Comunidades Europeas. Los ponentes coincidieron en subrayar el balance positivo de estas cuatro décadas, sin dejar de advertir de los desafíos pendientes para el futuro del proyecto europeo.
Europa como palanca de modernización jurídica y social de España
La primera mesa redonda, moderada por Pedro González-Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional y Académico de Número de la RAJyL, abordó el impacto de la integración europea desde una perspectiva constitucional, social, administrativa, laboral y jurisdiccional. En ella intervinieron Virgilio Zapatero, catedrático de Filosofía del Derecho y exministro de Relaciones con las Cortes; Isabel Winkels, Vicedecana del ICAM; Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo y Académico de Número de la RAJyL; Rosa Zarza, Senior Partner en Garrigues; y Ricardo Alonso, director general del CUICAM y Académico de Número de la RAJyL.
Virgilio Zapatero recordó que el europeísmo en España no nació con la adhesión de 1986, sino que hunde sus raíces en la tradición intelectual de la generación del 14 y en la idea de Ortega y Gasset de que “el problema era España y Europa era la solución”. Desde su experiencia como miembro del Gobierno en los años de la incorporación, subrayó que España no solo aspiraba a “entrar en Europa”, sino también a “contar en Europa”. Ante el resurgimiento de los nacionalismos, defendió que la respuesta debe ser “más Europa”, con una Unión Política reforzada y una defensa europea real.
La Vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, centró su intervención en la igualdad, a la que se refirió como una asignatura todavía pendiente. Para contextualizar los avances impulsados por la Unión Europea, recordó la situación jurídica de las mujeres en España antes de la Constitución y de las grandes reformas del Código Civil, señalando que el país llegó a 1986 desde una posición “claramente deficitaria”. Winkels puso en valor el impulso del acervo comunitario y de las directivas europeas, pero advirtió de que “la igualdad parece que es una lucha ganada y no lo es en absoluto”. En especial, alertó sobre la brecha salarial, el llamado “trimestre fantasma” y los riesgos de que la inteligencia artificial perpetúe sesgos discriminatorios.
Tomás Ramón Fernández analizó las luces y sombras de las liberalizaciones y del mercado único desde la perspectiva de la ciudadanía. Subrayó que los cambios de estas cuatro décadas han sido “espectaculares”, desde la moneda única y la desaparición de las fronteras interiores hasta la mejora de infraestructuras o la transformación de sectores económicos completos. No obstante, advirtió de que las liberalizaciones no han tenido efectos homogéneos en todos los ámbitos y defendió una mirada no acrítica sobre el proceso europeo: “Hemos conseguido mucho, pero queda mucho por hacer”, aseguró.
Por su parte, Rosa Zarza abordó la evolución del derecho laboral español a partir de la incorporación de España a las Comunidades Europeas y la construcción progresiva de la Europa Social. Según explicó, la adhesión supuso “el inicio de una profunda transformación del derecho laboral español”, con el impacto de más de 80 directivas en materias como jornada, vacaciones, descansos, despidos colectivos, transmisión de empresas, igualdad, seguridad y salud laboral o derechos de información y consulta. Aunque calificó el balance como “muy positivo”, señaló retos pendientes en transparencia retributiva, conciliación, trabajo en plataformas, gestión algorítmica, envejecimiento, transición verde y nuevas tensiones geopolíticas.
Ricardo Alonso cerró la primera mesa con una intervención centrada en la relación entre el Tribunal Constitucional y el Derecho de la Unión Europea. Tras definirse, en clave personal y académica, como “hijo académico de la Unión Europea”, recordó que inició su trayectoria investigadora precisamente en torno al Derecho comunitario coincidiendo con la entrada de España en las Comunidades Europeas. Alonso repasó la evolución del Tribunal Constitucional desde una primera etapa de desentendimiento respecto del Derecho comunitario hacia una fase posterior de mayor apertura e integración interpretativa, y defendió que el diálogo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe entenderse como una exigencia natural del Estado de Derecho europeo.
En conjunto, la primera mesa ofreció una visión transversal de lo que ha supuesto la pertenencia de España a la Unión Europea: una transformación constitucional, institucional, social, laboral y económica de enorme alcance, con un balance mayoritariamente positivo, pero también con desafíos pendientes. Los ponentes coincidieron en que el proyecto europeo no puede darse por concluido y que España debe seguir participando activamente en su fortalecimiento.
Proteger los valores europeos en un mundo más incierto
La segunda mesa redonda estuvo moderada por Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional y Académica de Número de la RAJyL. En ella intervinieron Soraya Sáenz de Santamaría, Abogada del Estado y exministra de la Presidencia; Eugenio Ribón, Decano del ICAM; Cástor Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional Público y Académico de Número de la RAJyL; Rosario Silva de Lapuerta, exvicepresidenta del TJUE y Académica de Número de la RAJyL; y Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues y Académico de Número de la RAJyL.
Soraya Sáenz de Santamaría abrió la mesa con una reflexión sobre la política exterior de la Unión Europea y, en particular, sobre la relación transatlántica con Estados Unidos en un contexto internacional cada vez más fragmentado e inestable. Recordó que la entrada de España en las Comunidades Europeas avaló una trayectoria iniciada en la Transición, basada en la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Frente a un mundo marcado por la competencia entre potencias, el revanchismo ruso, el ascenso de China y la transformación del equilibrio global, defendió que Europa debe reforzar su autonomía sin renunciar a la relación con Estados Unidos: “No es que estemos condenados a entendernos, es que nuestra condena sería no hacerlo”.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, centró su intervención en la evolución de la protección de consumidores y usuarios desde la entrada de España en la Unión Europea. Subrayó que la adhesión no fue solo una decisión de política exterior o de integración económica, sino “una profunda transformación jurídica y social” para el ciudadano. Ribón destacó que Europa ha mejorado la protección del consumidor español mediante un intenso acervo normativo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el fortalecimiento de instituciones, autoridades y mecanismos de tutela. No obstante, advirtió de que el gran reto pendiente es hacer efectivos esos derechos, especialmente ante la litigación masiva y la falta de instrumentos colectivos eficaces. “Europa ha demostrado que el mercado no se debilita cuando se protege al consumidor, se fortalece”, afirmó.
Cástor Díaz Barrado abordó la democracia como valor esencial de la Unión Europea y como elemento de identidad del proyecto europeo. Explicó que la integración económica podría existir sin democracia, como muestran otros modelos internacionales, pero que la Unión Europea tomó desde sus orígenes una decisión política distinta: convertir la democracia en un valor y en un principio estructural. Para Díaz Barrado, democracia y derechos humanos son realidades inseparables, ya que muchos derechos solo pueden ejercerse plenamente en un contexto democrático. Cerró su intervención reivindicando cuatro valores fundamentales para el futuro europeo: paz, democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible.
A continuación, Rosario Silva de Lapuerta ofreció una mirada desde la experiencia de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los primeros años de la adhesión. Recordó que, para la Abogacía del Estado, el proceso comenzó incluso antes de 1986, con los primeros cursos de Derecho Comunitario organizados en 1982 para preparar a los abogados del Estado ante la futura incorporación de España. Silva de Lapuerta repasó los primeros asuntos en los que participó España ante el Tribunal, desde recursos vinculados a la política agrícola y pesquera hasta litigios sobre ayudas públicas, denominaciones de origen, libre circulación de mercancías o responsabilidad patrimonial de los Estados miembros.
Para finalizar, Fernando Vives cerró la mesa con una reflexión sobre la evolución del derecho mercantil y la apertura económica de España en paralelo a la integración europea. Partiendo de 1977, año en que España solicitó formalmente la adhesión a las Comunidades Europeas y coincidió con el proceso de elaboración de la Constitución, señaló que la construcción europea, la Constitución Española y la apertura económica del país “no se pueden entender separadamente”. Vives destacó el papel del derecho mercantil como derecho estrechamente vinculado al mercado y recordó que España llevó a cabo importantes reformas antes incluso de la plena armonización comunitaria, como la modernización del mercado de valores, la liberalización bancaria, la protección de consumidores o la evolución del derecho de sociedades, insolvencia y competencia.
En conjunto, la segunda mesa ofreció una mirada amplia sobre los desafíos actuales y futuros de la Unión Europea: reforzar la autonomía estratégica europea, garantizar la efectividad de los derechos de los consumidores, preservar la democracia y los derechos humanos, consolidar el diálogo jurisdiccional europeo y seguir modernizando el marco económico y mercantil.
La jornada concluyó con una reflexión compartida sobre el papel decisivo que la Unión Europea ha desempeñado en la modernización jurídica, social, económica e institucional de España. Cuatro décadas después de la adhesión, el ICAM y la RAJyL reivindicaron la importancia de seguir impulsando espacios de análisis y cooperación entre la academia y la abogacía para afrontar los nuevos retos del Derecho europeo.
