El Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, participó ayer en la presentación de la XVI edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Aranzadi LA LEY.
En el acto de presentación participaron figuras destacadas del ámbito jurídico como Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; Eugenio Ribón, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez; Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY; Juan Mora-Sanguinetti, economista senior del Banque de France y Banco de España-Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
En el evento, celebrado en la sede de Uría Menéndez, el Decano del ICAM subrayó la urgencia de abordar los retos estructurales que enfrenta el sistema judicial en España, destacando la necesidad de medidas inmediatas y concretas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa:
“La Justicia es el pilar fundamental sobre el que se sostiene un Estado de Derecho, y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar derechos tan básicos como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Este nuevo informe de Fundación Aranzadi La Ley sobre los indicadores de la actividad judicial en España y el análisis del modelo organizativo judicial revelan una realidad preocupante: nuestro sistema judicial enfrenta retos estructurales que afectan directamente estos derechos”, destacó.
Diagnóstico del sistema judicial español
En su intervención, Eugenio Ribón destacó los principales problemas identificados en el informe, que incluyen el colapso judicial, la desigualdad territorial, la congestión de los juzgados y la dilación en la resolución de los procesos. Refiriéndose al impacto directo de estas deficiencias, afirmó: “La demora en los procesos no solo mina la confianza en el sistema judicial, sino que también pone en riesgo la eficacia del derecho de defensa, ya que el paso del tiempo puede diluir pruebas y debilitar los argumentos legales”, aseguró.
El Decano también denunció el impacto de los 4.800 millones de euros paralizados en cuentas de consignación judicial, calificando la situación como “dramática”. “Es urgente establecer un mecanismo legislativo que reconozca el derecho de los ciudadanos a percibir intereses por las cantidades retenidas y agilizar la entrega de los fondos a sus legítimos titulares. La situación actual no solo afecta a los ciudadanos, sino que estrangula financieramente a muchos despachos de abogados”, aseguró.
Propuestas desde el ICAM para fortalecer la justicia
Durante su discurso, Ribón presentó una serie de propuestas del ICAM orientadas a mejorar el sistema judicial asegurando que “es imperativo adoptar medidas concretas que fortalezcan el sistema judicial y aseguren que el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva no sean meras aspiraciones teóricas, sino realidades tangibles”.
El Decano anunció además la puesta en marcha de un “Plan de Apoyo a la Justicia y al Derecho de Defensa”, con el objetivo de impulsar reformas estructurales y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de un sistema judicial eficiente y equitativo. Este plan incluirá la creación de un plan de seguimiento, una campaña de sensibilización pública y acciones de incidencia directa ante las instituciones para garantizar una mayor dotación de recursos.
Entre las propuestas más inmediatas presentadas por el ICAM para mejorar el sistema judicial, Ribón destacó varias iniciativas clave. En primer lugar, el incremento de recursos humanos y materiales, lo que incluye la ampliación de las plantillas de jueces y letrados, así como la mejora de la infraestructura tecnológica. Además, propuso una reforma organizativa integral destinada a garantizar la eficacia de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y a fomentar una mejor coordinación entre jueces y servicios comunes. También subrayó la importancia de atender a los abogados del turno de oficio mediante el incremento de sus honorarios y asegurando pagos puntuales, reconociendo así su papel esencial.
Por otro lado, destacó especialmente la necesidad de resolver el problema de las cuentas de consignación mediante la implementación de medidas que permitan la entrega ágil y justa de las cantidades retenidas. Así, enfatizó la urgencia de solucionar el retraso significativo en la entrega a los legítimos titulares de las cantidades ingresadas en las cuentas de consignación de juzgados y tribunales.
Finalmente, abogó por promover la igualdad territorial acelerando la implantación de la NOJ en todas las regiones para eliminar disparidades. Ribón también insistió en la participación activa de la Abogacía, proponiendo la creación de canales de comunicación efectivos entre el Consejo General del Poder Judicial, los colegios de abogados y los órganos judiciales, a fin de abordar conjuntamente los problemas de la Administración de Justicia.
Un llamamiento a la acción colectiva
Ribón finalizó su intervención instando a todas las instituciones implicadas, desde el Ministerio de Justicia hasta los órganos judiciales, a actuar con determinación: “La justicia es un pilar esencial del Estado de Derecho. No podemos permitir que las limitaciones estructurales sigan erosionando los derechos que defendemos. Es momento de unirnos para construir un sistema judicial a la altura de las necesidades de la ciudadanía”.
Presentación de la XVI edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia
Desde su primera edición en 2008, el Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia se ha consolidado como una herramienta imprescindible para comprender y evaluar el funcionamiento del sistema judicial en España. Publicado anualmente por la Fundación Aranzadi LA LEY, este estudio profundiza en los factores que afectan la actividad judicial, identificando problemas, avances y propuestas para mejorar la administración de justicia como servicio público esencial.
La edición de este año pone especial énfasis en el impacto de la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre la eficiencia del servicio público de justicia. Además, ofrece un análisis comparado con los sistemas judiciales de otros países, aportando una perspectiva enriquecedora para entender las fortalezas y desafíos del modelo español.