Razones por las que invocar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Esta mañana se ha celebrado en el Colegio una jornada organizada por el Centro de Responsabilidad Social del Colegio (CRSAM), en colaboración con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunidad de Madrid. 

En esta sesión se ha tratado la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento traspuesto por 176 países (siendo España uno de los primeros en ratificarlo), aunque a día de hoy, como han constatado los ponentes a lo largo de la jornada, aún plantea muchos retos jurídicos y exige importantes reformas de nuestro ordenamiento.

La decana del Colegio, Sonia Gumpert, ha abierto el acto junto al diputado de la Junta de Gobierno, Alejandro Alonso Dregui, y ha aprovechado para manifestar que el CSRAM se suma a las actuaciones para eliminar las barreras y promover el respeto hacia las personas con discapacidad, siendo indispensable que los abogados conozcan este tratado internacional y su correcto ejercicio.

Junto a ellos, ha intervenido el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz, que ha celebrado que actividades como esta jornada contribuyan a “cambiar la cultura de lástima y exclusión hacia las personas con discapacidad”, y la presidenta del CERMI Comunidad de Madrid, Mª Teresa Gallego, que ha reivindicado la labor del Comité como motor del cambio social que logra “el bienestar de la sociedad en general y de las personas con capacidad en particular”.

En la primera mesa, enfocada a los aspectos generales de la Convención y la accesibilidad universal, ha intervenido el experto jurídico Óscar del Moral, quien ha destacado que, gracias a la Convención, se ha pasado de un modelo centrado en lo médico a un modelo que sitúa la discapacidad en la vertiente de la inclusión y la igualdad de oportunidades, añadiendo que aunque esto ha supuesto “una transformación radical”, aún se deben modificar normas importantes como el Código Civil en relación a la figura de ‘incapacitación judicial’, totalmente proscrita por la Convención.

Igualmente, ha denunciado que se “aisle” a los niños que sufren alguna discapacidad pues, en su opinión, el texto de la ONU es claro: hay que aplicar una educación inclusiva en la que todos los menores puedan convivir y desarrollarse en la escuela ordinaria. 

Por su parte,  el experto en accesibilidad Álvaro Cervera, ha señalado que accesibilidad significa “facilitar la vida a muchísima gente”, resaltando que lo diseñado “de forma inclusiva” finalmente presta un servicio para toda la sociedad (por ejemplo, la instalación de rampas y ascensores) y que, además, es una materia sobre la que las leyes no son “perfectamente claras”, lo que supone un nicho de trabajo para los juristas.

La segunda mesa, dedicada a los procedimientos judiciales desde la perspectiva de las personas con discapacidad, ha contado con las ponentes Mª José Ruano, de Plena Inclusión Madrid, y Laura Pérez, de Umasam y de la Oficina del Defensor de las personas con trastorno mental.

Ruano, entre otros puntos, ha subrayado que en virtud del respeto a la voluntad y preferencias personales, el Estado debe proporcionar apoyo a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su capacidad jurídica, recurriendo a la incapacitación como última ratio y solo en casos excepcionales.

Laura Pérez ha presentado distintas sentencias que resultaban contradictorias con la Convención y ha analizado las opciones en los procesos penales a personas con incapacidad, recomendando la práctica de un examen forense que pueda determinar que se opte por medidas de seguridad más acordes a la situación personal.

Para finalizar, han clausurado la jornada los responsables del área de discapacidad de la Sección de Derechos Humanos del Colegio, María Jesús Mauricio y Ángel Bravo del Valle, junto a Luis Miguel López, secretario general del CERMI Comunidad de Madrid.  Han coincidido en que los letrados deben conocer y utilizar la Convención a fin de que la legislación nacional continúe adaptando sus preceptos y para que se pueda, en palabras de López, “romper barreras de todo tipo, con la ley en la mano”. 

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