El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid han firmado hoy, junto a la Comunidad de Madrid, un importante convenio para ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas.
El acto, celebrado en la Real Casa de Correos y presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representa un paso firme en la colaboración institucional para garantizar el derecho a la propiedad privada, reconocido por el ordenamiento jurídico español, así como para reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos madrileños.
En representación de la abogacía madrileña, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado la trascendencia de este acuerdo que supone, en sus palabras, «un gran paso para hacer posible esa intervención rápida y eficaz» frente a un fenómeno que genera cada vez más preocupación social.
Durante su intervención, Ribón ha recordado que el derecho de propiedad es “el más amplio poder reconocido por el ordenamiento jurídico a favor de una persona sobre un bien de su propiedad”, y ha alertado sobre las consecuencias de la ocupación: “no solo merma los derechos del legítimo titular, sino que incrementa el pánico en la población a la hora de poner en circulación los inmuebles propios”, provocando una notable “inseguridad en la población” y distorsiones en el mercado de la vivienda.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que permite aplicar los juicios rápidos a los delitos de allanamiento y usurpación, Ribón ha manifestado su confianza en que esta nueva vía procesal permitirá “paralizar los casos de ocupación con allanamiento en el más breve tiempo posible y reducir los plazos considerablemente en el resto”.
El convenio contempla, además del asesoramiento jurídico gratuito a través del Turno de Oficio, representación procesal por parte de procuradores y atención psicológica a las víctimas a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. Asimismo, se pone en marcha un nuevo servicio especializado de atención ciudadana mediante el 012, y un protocolo específico de respuesta a través del 112 Ocupación.
Ribón ha concluido su intervención destacando que este acuerdo representa un firme compromiso institucional con los derechos fundamentales: “Madrid es capital de la seguridad jurídica, es capital de la certidumbre de los ciudadanos. Madrid asegura el acceso a viviendas sin que los ciudadanos puedan sentir el temor a que, por motivo de una ocupación, se vean privados de su legítima propiedad.”
