La Vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels, compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Senado para exponer la posición del ICAM sobre la aplicación obligatoria de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en los procedimientos de familia, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2025. En la sesión también intervino la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), Dolores López-Muelas.
Durante su intervención, Winkels reclamó la exclusión urgente de los procedimientos de familia en los que existan menores del requisito obligatorio de intentar previamente un MASC, al constatar que su aplicación está provocando retrasos significativos, inseguridad jurídica y situaciones de riesgo para la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en casos urgentes y en litigios de carácter internacional.
Amplio consenso profesional sobre los efectos negativos de la medida
La Vicedecana presentó ante los senadores el último número de Otrosí, que recoge un estudio realizado por el ICAM a 1.500 profesionales del turno general y de familia. Los resultados muestran un rechazo mayoritario a la obligatoriedad de los MASC:
- 84 % de la abogacía madrileña valora negativamente su implantación.
- 90 % de los asuntos termina igualmente judicializado, pero con retrasos añadidos.
- Casi la mitad de los profesionales ha tenido dificultades para acreditar el intento de conciliación.
- 90 % percibe que los MASC obligatorios funcionan como una carga, no como una solución.
Winkels subrayó que la mediación debe ser “un incentivo, no una imposición”, más aún en procedimientos que afectan directamente al bienestar de los menores. Por ello, el ICAM defiende su exclusión en los asuntos de familia con menores, en la jurisdicción voluntaria urgente y en los casos transfronterizos, así como la sustitución del actual sistema de sanciones por incentivos reales a la mediación voluntaria.
“Ocho de cada diez abogados y abogadas ya negociamos y evitamos el conflicto judicial antes de llegar al juzgado”, explicó, señalando que solo un 5 % de los litigios que llegan a la vía contenciosa corresponden a supuestos de alta conflictividad, por lo que imponer un trámite obligatorio en un ámbito tan especializado “no solo es innecesario, sino contraproducente”.
Especial preocupación por los procedimientos internacionales
Uno de los aspectos más críticos expuestos ante la Comisión fue el impacto de la norma en los asuntos transfronterizos. La obligación de notificar la intención de negociar a la parte contraria, cuando esta reside en otro país, está facilitando que el otro progenitor interponga la demanda en su jurisdicción antes que en España, lo que impide acceder a los tribunales españoles por aplicación del principio prior in tempore, potior in iure.
“En países como Italia o Reino Unido existen mecanismos similares, pero excluyen expresamente los asuntos internacionales. Aquí no, y eso está perjudicando gravemente a nuestros clientes”, advirtió Winkels.
Una reforma legal urgente y ampliamente respaldada
Por su parte, la presidenta de AEAFA, Dolores López-Muelas, detalló las consecuencias prácticas que ya están sufriendo familias y menores:
retrasos en pensiones de alimentos, custodia sin resolver, bloqueo de decisiones médicas o escolares y paralización de medidas urgentes.
Recordó además que el Congreso ha instado al Gobierno a modificar el artículo 5.2 de la Ley 1/2025 con 185 votos a favor, así como la existencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado al considerar que la norma puede vulnerar la tutela judicial efectiva y la protección constitucional de los menores.
El ICAM reitera su compromiso con la mediación voluntaria
Tanto el ICAM como AEAFA coincidieron en que la mediación es una herramienta eficaz y valiosa, siempre que resulte voluntaria y adaptada a las circunstancias del caso, pero no cuando actúa como un requisito que retrasa el acceso a la justicia en asuntos que afectan a derechos fundamentales.
Winkels advirtió finalmente que la aplicación actual de los MASC está provocando cronificación de conflictos, resoluciones dispares entre audiencias provinciales y una profunda inseguridad jurídica para las familias.