La Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM ha celebrado hoy una jornada en el ICAM para abordar los abusos sexuales a la infancia y el modelo Barnahus”.
Moderada por María Giraldez de Luis, Miembro del Consejo Asesor de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM, la sesión ha contado con la intervención de Catalina Perazzo, Directora de incidencia social y política en Save the Children España y de Carmela del Moral, Responsable de Políticas de Infancia en Save the Children España, quienes han analizado los datos del “Dossier sobre abusos sexuales a la infancia en España” y del informe “Por una justicia a la altura de la infancia”, haciendo una reflexión de los mismos tras la aprobación de la LOPIVI, y han hablado sobre el modelo Barnahus para preservar el testimonio y evitar la revictimización de los niños.
En España, un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. Además, el 78,9% de los casos, las víctimas son niñas y chicas adolescentes, y el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Son algunas de las conclusiones a las que ha llegado Save the Children tras analizar 394 sentencias judiciales de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas.
La disposición final vigésima de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de 2021, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) establecía que, en el plazo de un año a contar desde su entrada en vigor, el Gobierno debía remitir proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad, así como se plantearía la inclusión de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. Sin embargo, tal y como se ha explicado en la jornada, ese plazo no se ha cumplido.
«Ha sido una sesión muy clarificadora, con datos realmente espeluznantes y un análisis totalmente pormenorizado de una jurisprudencia que, desde hace ya tiempo, evidencia que los niños y las niñas y los adolescentes y, en definitiva, las personas menores de edad, necesitan juzgados y equipos especializados y una justicia amigable. Y eso no solamente implica una sala y una ubicación, sino también los tiempos, la cualidad y la calidad», ha asegurado María Giraldez de Luis, Miembro del Consejo Asesor de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM.
