La VIII Cumbre de Mujeres Juristas ha culminado sus jornadas de trabajo con su quinta mesa, “La mujer migrante”, moderada por Sophie Muller, responsable de ACNUR en España, quien ha subrayado las violencias que sufren las mujeres desplazadas forzosamente, un colectivo que corresponde al 46% del total de los 79,4 millones migraciones en todo el mundo.
La Subdirectora General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones, Miriam Benterrak, ha sido la primera ponente en intervenir para destacar el trabajo hacia una migración segura y ordenada que se está llevando a cabo desde la Secretaría de Estado. Benterrak asegura que existe “una enorme falta de conciencia sobre los derechos de la población migrante”, una situación que se suma al aislamiento que sufren y que “les dificulta salir de la discriminación”, ha añadido.
Seguidamente, en formato telemático, ha intervenido José Miguel Sánchez, letrado del Tribunal Constitucional, para plantear la respuesta “criminalizadora” que se está dando desde el mundo occidental a la migración. El letrado dedicó su exposición a hablar sobre el Protocolo de menores no acompañados cuya aplicación hace que “exista o no un vínculo familiar, hay una situación de riesgo y se separa a los menores de sus madres”, ha explicado. Sánchez aboga por aplicar las “políticas de mantenimiento de la unidad familiar”, tal y como recomiendan todos los organismos. “Es muy descorazonador vivir en un país donde las madres tienen derecho a enterrar a sus hijos, pero no el derecho de tenerlos a su lado para cuidarlos y protegerlos”, ha admitido el letrado.
Para cerrar la quinta mesa de la Cumbre, Carolina Villacampa, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Lleida, ha basado su ponencia en la problemática del matrimonio forzado. Según las Naciones Unidas, este es una forma de violencia de género así como una vulneración de los Derechos Humanos de primer orden, “un delito contra la libertad y una forma de trata de seres humanos que afecta fundamentalmente a la mujer migrante”, ha añadido la catedrática. Villacampa ha propuesto un abordaje “más intersecciones de la respuesta jurídica frente a esta realidad” y ha concluido que se debería tomar en consideración “todos los procesos de discriminación y victimización a los que pueden verse sometidas estas mujeres”.