- Raúl Ochoa: “Desde las vísceras no se puede legislar”
La recién estrenada Aula de Debate del Colegio volvió a dedicar ayer una jornada a una de las cuestiones más relevantes que afronta el panorama jurídico actual: la prisión permanente revisable.
La sesión, de nuevo con el cartel de completo, contó en esta ocasión con las intervenciones del magistrado del Juzgado nº 20 de lo Penal de Madrid, Ignacio González Vega, y el fiscal decano de la Sección de Delitos Medioambientales y Urbanismo de la Fiscalía de Madrid, Cesar Estirado de Cobo.
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El encargado de moderar el evento, el diputado responsable de formación Raúl Ochoa, comenzaba anticipando que en esta sesión se ofrecerían perspectivas muy distintas y contradictorias a la jornada celebrada el pasado 19 de marzo, que se centró en la misma temática. Así, magistrado y fiscal, que intervenían en representación de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) respectivamente, coincidieron en posturas contrarias a la figura punitiva, e incidieron sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable.
Para Estirado se trata de una “pena desocializadora y no orientada a la reinserción, pese a que el resto de legislación penitenciaria está adaptado a esta función fundamental”. Además, se trata de una norma que entró en vigor en el 2015 y no existen estudios criminológicos acerca de su utilidad, empleo y efectividad, por eso para el fiscal hablar de ampliar los supuestos a los que podría aplicarse “es irracional, obedece a fines mediáticos y no a una política criminal”.
Desde la UPF promueven como alternativa “profundizar en la libertad vigilada, figura muy mal regulada en nuestro sistema, y que sí proporcionaría una eficaz herramienta de reinserción y asistencia social”.
Muy duro se mostró igualmente González Vega sobre “legislar a golpe de titular”, recordando que “las víctimas no están capacitadas para dirigir la política punitiva, pues carecen de la necesaria imparcialidad”. En opinión del magistrado, la satisfacción de las víctimas no debe ir encaminada al endurecimiento de las penas, sino a una mejor atención y prestaciones, lo que contrasta con nuestro Código Penal y “una tendencia al endurecimiento de las penas desde 1991”.
Para el ponente, nuestro ordenamiento contempla figuras bastantes que hacen “innecesaria” la prisión permanente revisable, “cuya propia conjunción terminológica resulta contradictoria”. A la luz de los datos estadísticos de incidencia criminal, España no se encuentra en un lugar especialmente preocupante, pese a lo que “tenemos una de las cifras más elevadas en cuanto a media de estancia en prisión: 17 meses” señalaba el magistrado. Y es que, para González Vega, cuando se realiza una comparativa con otros países de nuestro entorno que contemplan figuras análogas a la prisión permanente revisable, hay que tener en cuenta a su vez qué tipo de penas establecen para el resto de crímenes. Según el magistrado, en todos los casos la dureza de su Derecho Punitivo es menor a la del español. Por eso, “no tenemos que recurrir a un mejor Derecho Penal, sino a un Derecho Penal mejor”.
A modo de conclusión, el diputado Raúl Ochoa afirmó que, en relación a la prisión permanente revisable, “ni todo es tan claro ni tan evidente” pero supone un gran problema que “la política criminal sea una gran olvidada en los presupuestos”. Aunque Ochoa coincidió en que “desde las vísceras no se puede legislar”, indicó que antes de ofrecer alternativas hay que analizarlas bien, pues se trata también de una “cuestión de medios económicos”.