La sesión celebrada esta mañana en el Colegio, y que ha abordado la impunidad de los crímenes cometidos durante la etapa del franquismo, ha puesto de manifiesto la pasividad por parte de las autoridades españolas para iniciar un proceso que enjuicie todas las agresiones, asesinatos y desapariciones forzosas que tuvieron lugar en esos años.
La mesa ha contado con ponentes que, desde diferentes puntos de vista, han analizado esta cuestión, reparando en la legislación que ha impedido un proceso de Justicia en España.
En primer lugar, Bonifacio Sánchez Cepa como representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha calificado estos crímenes como un “exterminio masivo”, que son un “problema básico de Derechos Humanos por el que todavía no se ha pagado”.
Pero Sánchez Cepa ha dedicado su intervención a explicar cómo la metodología de la investigación dio un carácter diferente a la indagación de los restos en la exhumación de cadáveres: “las exhumaciones ahora molestan tanto porque cada una de ellas supone poner en evidencia con datos científicos los crímenes que se cometieron”.
Además, ha reivindicado la importancia de esas exhumaciones al decir que “al igual que conocemos la identidad de los militares y golpistas, también la queremos conocer y saber qué hicieron las personas que siguen en las fosas”.
Asimismo, ha aportado un paradigmático dato: “España es el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzosas”.
Seguidamente, Miguel Ángel Muga Muñoz, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria ha tratado de dar una explicación a esta cuestión: “el modelo español de impunidad se ha basado en la Ley de Amnistía del 77”, además, ha declarado no entender “que después de 35 años se siga aplicando y se conserve la forma de transición que es la impunidad del franquismo”.
Su argumento se ha apoyado en el Pacto de Derecho Civiles y Políticos, en vigencia en España desde 1977, y que impediría la aplicación de la citada ley.
Muga Muñoz considera estos crímenes de lesa humanidad, “porque se llevaron a cabo dentro de un plan de exterminio de un régimen fascista”, ha dicho. Ha opinado asimismo sobre la posición de la judicatura, “que debería hacer una tarea mínima de investigación”.
En la línea de la anterior intervención, Ignacio Jovtis, de Amnistía Internacional, ha recordado que “está prohibido por todos los estándares internacionales aplicar la ley de Amnistía”.
Ha hablado del “examen periódico universal” que realizó Naciones Unidas a España, cuya conclusión fue, a ojos del ponente, que “España sigue demostrado una falta de voluntad de cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas”.
En su turno, Jacinto Lara Bonilla, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha reclamado “la falta de colaboración de las autoridades españolas”, que “vienen a aplicar la prescripción ordinario de los crímenes”.
Para finalizar, el abogado Carlos Slepoy Prada ha afirmado que las víctimas del franquismo que viajaron a Argentina “han interpuesto allí querellas porque ningún juez español les escuchaba”. Además, condena los crímenes franquistas, porque “se cometieron en contexto de lesa humanidad y deberían juzgarse a pesar de su prescripción”.