- En las jornadas se ha destacado la interacción de los asistentes, la calidad de las ponentes y el papel de las moderadoras desde su enfoque periodístico
- La decana propondrá a la Junta de Gobierno dedicar una calle de Madrid a la jurista y colegiada María Telo
Hoy ha tenido lugar la clausura de la “II Cumbre de Mujeres Juristas” a cargo de la decana, Sonia Gumpert, acompañada de las diputadas Begoña Castro y Mayte Nadal.
En su intervención, la decana ha resaltado la buena acogida de esta iniciativa y ha agradecido el papel de las ponentes que, con su talla profesional, han hecho posible un debate de alto nivel.
Además, se ha referido a las moderadoras, todas ellas prestigiosas periodistas, como “mujeres comprometidas con el valor de la igualdad en un ámbito profesional predominantemente masculino”, y que han contribuido a la síntesis y reflexión de todo lo planteado en las mesas de debate.
Sonia Gumpert ha querido recordar nuevamente en la clausura a la que ha sido ‘musa’ de este encuentro, María Telo, haciendo suyas las palabras de esta jurista: “Decir igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho. Ahí queda un largo camino por recorrer, donde debe ser otra vez protagonista la mujer”.
A lo largo de estas dos jornadas de trabajo, se ha analizado el papel de la mujer jurista en ámbitos importantes de la sociedad, poniéndose de manifiesto experiencias profesionales y personales muy enriquecedoras.
Las principales ideas recogidas en las Mesas se han trasladado, a modo de conclusiones, a un Manifiesto que será remitido a las instituciones más representativas del ámbito nacional e internacional.
En el Manifiesto se destaca que la falta de paridad implica un déficit democrático y, por tanto, los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar por el principio de presencia equilibrada.
El documento señala, también, que las mujeres son quienes deben dar un paso adelante para romper el techo de cristal desde puestos de responsabilidad tanto en el sector público como desde la empresa.
En cuanto a la violencia doméstica, el Manifiesto recoge la necesidad de que se de una respuesta adecuada a este tipo de situaciones, así como de proteger el superior interés de los menores y una adecuada formación a los jueces.
La difusión de información desde los medios de comunicación desde un enfoque de igualdad es esencial, afirma el texto de conclusiones que, además, destaca la importancia de prestar una mayor atención a las mujeres especialmente vulnerables que son objeto de discriminación múltiple, como ocurre en los casos de discapacidad intelectual o en situaciones de trata de mujeres.
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Manifiesto suscrito en la clausura de la
“II Cumbre de Mujeres Juristas”
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, junto con todas las personas que han participado en la II Cumbre de Mujeres Juristas, ante la persistencia de la situación de desigualdad de la mujer en la sociedad y la imprescindible necesidad de erradicar cualquier trato discriminatorio por razón de género, manifiesta:
PRIMERO.- La democracia requiere una participación y una representación igual de la ciudadanía, tanto mujeres como hombres, en la toma de decisiones, en la economía y en la vida social, cultural y civil. La falta de paridad implica un déficit democrático. Los Poderes Públicos deben velar por la aplicación del principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público como en el privado, y fomentar la presencia de mujeres en cargos directivos de la Administración. Las mujeres juristas en política tienen la responsabilidad de fomentar el principio de igualdad de oportunidades, y su aportación es imprescindible porque desde su posición pueden influir en el cambio de leyes que ayuden al resto de las mujeres a avanzar en sus ámbitos respectivos. Es necesario propulsar políticas que influyan en el avance en la igualdad de oportunidades, y adoptar actitudes tendentes a que la igualdad jurídica conseguida sea también una igualdad real.
SEGUNDO.- Somos las mujeres quienes tenemos la responsabilidad de dar un paso adelante para romper el techo de cristal desde arriba. Para ello es imprescindible que seamos solidarias entre nosotras y nos ayudemos en el desarrollo de nuestra carrera profesional, eliminando las trabas que tradicionalmente nos hemos encontrado por nuestra condición de mujer.
TERCERO.- Reivindicamos el apoyo técnico, económico y social por parte de las Administraciones Públicas a las organizaciones de mujeres como instrumentos de integración social y participación en los asuntos públicos y ante los poderes públicos, contribuyendo a la consolidación y conservación de la democracia al actuar como agentes sociales de cambio y transformación social.
CUARTO.- El incremento de la participación de las mujeres en el ámbito económico y empresarial exige su acceso a puestos de dirección y de responsabilidad en las empresas. Los Poderes Públicos deben supervisar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, garantizando que los planes de igualdad se implantan y se cumplen. No hay que limitarse a medidas que permitan a las mujeres conciliar su vida laboral y familiar, sino que deben adoptarse medidas concretas como la obligatoriedad de compartir la baja por maternidad, que fomenten la corresponsabilidad del hombre y la mujer en todos los ámbitos.
QUINTO.- La educación es un pilar básico para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y es “cosa de todas las personas”. Los centros educativos de todo tipo deben contar con una obligada y adecuada formación en igualdad y no discriminación para poder transmitirla a niños y niñas desde su nacimiento y durante toda su etapa educativa. Es imprescindible el apoyo directo y económico de las Administraciones Públicas financiando proyectos sociales para el emprendimiento de acciones tendentes a proporcionar esa formación de base.
SEXTO.- La erradicación de la violencia contra las mujeres es un objetivo prioritario. El Estado no solo debe reforzar la aplicación del marco legal para asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a las situaciones de violencia de género y proteger el superior interés de los y las menores que son también víctimas, sino que debe proporcionar formación obligatoria al poder judicial y personal administrativo sobre la aplicación de ese marco legal.
En este sentido se ha pronunciado la ONU a través del Dictamen emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comunicación 47/2012), que realiza recomendaciones al Estado Español en esa dirección.
En estos momentos por parte del poder legislativo, se está tramitando el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del delito que traspone al Derecho español la DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, destacando entre sus derechos el poder estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios con el fin de hacer efectivo su derecho a entender y ser entendida.
SÉPTIMO.-La difusión de información es esencial para conseguir erradicar la violencia de género y proteger a las víctimas, que son tanto las mujeres como los y las menores que sufren de modo directo la situación, prestando una mayor atención a las mujeres especialmente vulnerables que son objeto de discriminación múltiple, como ocurre en los casos de discapacidad intelectual o en situaciones de trata de mujeres.
Los medios de comunicación tanto privados como públicos tienen el deber de actuar de forma responsable en la emisión de contenidos que puedan ser contrarios a la igualdad de hombres y mujeres o discriminatorios o sexistas.
Madrid, 24 y 25 de octubre de 2014