Transcurridos nueve meses desde la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que modula las penas por tráfico de estupefacientes en función del peso y tipo de droga portados en el momento de la detención, en torno a 50 españoles siguen privados de libertad tanto en cárceles ecuatorianas como españolas, a pesar de tener cumplidas íntegramente sus condenas.
Según ha indicado la Fundación Abogacía Española, el retraso en la liberación de estos presos viene propiciado por el complejo sistema de revisión de sentencias impuesto por Ecuador y la pasividad de las autoridades ecuatorianas y españolas.
Desde octubre de 2014, la Fundación trabaja para intentar agilizar la puesta en libertad de los españoles presos, tanto en el país latinoamericano como en España. Además, ha impulsado una campaña de asesoramiento e información a través de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria y los Colegios para que los ciudadanos españoles presos en cárceles españolas solicitaran el tercer grado, mientras Ecuador completaba la revisión de sus condenas.
A día de hoy, 29 de estos españoles que actualmente cumplen su condena en cárceles españolas y que tienen su pena totalmente extinguida si se aplicara la ley vigente en Ecuador, han solicitado en sus respectivos centros la revisión de su régimen penitenciario, amparándose en estas circunstancias. Sin embargo, solo dos han conseguido la libertad definitiva y cuatro el régimen abierto, algunos tras recurrir al juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La Fundación Abogacía Española, que ya ha enviado un informe al Defensor del Pueblo, quiere denunciar la lentitud y escasa atención de las autoridades ecuatorianas y españolas hacia estas personas, que se encuentran despojadas de una tutela judicial efectiva, y pide al Gobierno español que haga cuantas gestiones sean necesarias con las autoridades ecuatorianas para que agilicen la puesta en libertad de estos presos.