La diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid, Roberta Poza, inauguró ayer la jornada “Nuevos retos para el Derecho de Defensa”, organizada por la Sección de Derecho Procesal del ICAM, con una llamada a reforzar las garantías procesales en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la evolución del entorno jurídico.
Profesionales de la abogacía, magistrados y académicos se dieron cita en la sede colegial para, en palabras de la propia Poza, analizar “los desafíos contemporáneos que afronta uno de los pilares esenciales de nuestro sistema jurídico: el derecho de defensa”.
Durante su intervención, advirtió de que la digitalización de la Justicia y la incorporación de nuevas tecnologías están modificando el ejercicio del Derecho y exigen una reflexión profunda sobre la preservación de las garantías fundamentales. “Vivimos tiempos de transformación acelerada. La digitalización de los tribunales, el auge de la inteligencia artificial en la práctica jurídica o el resurgimiento de debates sobre garantías procesales nos obligan a replantear, con rigor y valentía, cómo preservamos los derechos fundamentales de quienes acuden a la Justicia”, señaló.
En este contexto, subrayó la necesidad de preservar los principios que garantizan un proceso justo. “No podemos perder de vista un principio innegociable: la garantía de un proceso justo —sin grietas ni atajos que puedan poner en riesgo la tutela efectiva de los derechos del ciudadano”.
La diputada del ICAM reafirmó asimismo el papel institucional del Colegio en la defensa de estas garantías. “El ICAM no es una institución distante de la realidad: somos una corporación profesional con estatutos, mandato y vocación de defender el Estado de Derecho desde todos los frentes. Y lo hacemos sin equidistancias cuando se trata de reafirmar que sin derecho de defensa no hay Estado de Derecho. Esta máxima no es solo un lema; es una guía de actuación”.
Poza recordó que la protección de principios como el secreto profesional, la integridad procesal o la igualdad de armas constituye una responsabilidad institucional directamente vinculada a la defensa de los derechos de la ciudadanía. “Velar por los principios que sustentan el derecho de defensa —como el secreto profesional, la integridad procesal o la igualdad de armas— no es una opción, sino una obligación institucional. Este compromiso únicamente tiene una meta: la defensa de los derechos de la ciudadanía”.
En esta línea, defendió la necesidad de preservar estas garantías con pleno respeto a los principios constitucionales y a la independencia judicial. El ICAM, afirmó, tiene el deber de actuar para “proteger las garantías procesales más esenciales, sin ceder a la presión mediática o política, y siempre con respeto a la presunción de inocencia y a la independencia judicial”.
La diputada del ICAM concluyó su intervención animando a los asistentes a contribuir al debate con espíritu crítico, con el objetivo de reforzar la protección del derecho de defensa y asegurar que el acceso a una justicia efectiva siga siendo una realidad.