La Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, Roberta Poza, participó ayer en una jornada organizada por Hay Derecho para analizar las claves jurídicas del caso de Ferrovial.
Acompañada por Segismundo Álvarez, notario y presidente de Hay Derecho; por Ignacio Gomá, notario y patrono de la Fundación; y por Elisa de la Nuez, secretaria General de Hay Derecho, la Diputada del ICAM desgranó las claves de la fiscalidad de la operación de Ferrovial, comentando si existían o no beneficios fiscales para Ferrovial y cómo influía la operación en los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria española.
Como explicó la diputada, “el régimen fiscal de la operación va a depender de si ésta queda sujeta a un régimen especial de reestructuraciones”, un régimen que se aplica en todos los países europeos porque proviene de una directiva de 2009 “que se adoptó con el objetivo de no penalizar las reestructuraciones empresariales trasfronterizas de la UE frente a las que se realicen en un solo país para eliminar obstáculos al buen funcionamiento del mercado único”.
Sobre la repercusión que la operación de Ferrovial tiene para la Agencia Tributaria de España, Poza explicó que “este cambio de residencia de la sociedad matriz en ningún caso tiene repercusiones en relación con la tributación del negocio que se realizará en España” aunque sí que influye en algunos impuestos que se van a dejar de cobrar y que se dividirían en dos tipos: los impuestos propios de Ferrovial y aquellos que no tienen un coste para Ferrovial pero también se van a dejar de cobrar como los asociados a empleados y accionistas.
