La decana en la toma de posesión de la presidenta de la Abogacía como nueva consejera del Consejo de Estado

  • En su calidad de vicepresidenta primera del CGAE

Esta mañana, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha tomado posesión como nueva consejera nata del Consejo de Estado, apadrinada por los consejeros permanentes Fernando Ledesma y María Teresa Fernández de la Vega.

Durante su toma de posesión, en la que ha estado presente la decana en calidad de vicepresidenta primera del CGAE, Ortega se ha comprometido a aportar al Pleno “la experiencia y visión del Derecho por la Abogacía: una profesión conocedora de los problemas que derivan de la legislación tan abundante y compleja que cada vez resulta más difícil de conocer y aplicar”.

También ha mostrado su compromiso a seguir la senda de sus antecesores –Pedrol Rius, Eugenio Gay y Carlos Carnicer- para defender los “derechos y libertades de los ciudadanos, la consagración constitucional de los Colegios Profesionales, la regulación del acceso a la profesión y la igualdad de todos los abogados”.

La nueva consejera ha destacado que los Colegios de Abogados tienen un deber con la defensa de los ciudadanos, que necesitan, para la garantía de sus derechos, el auxilio de profesionales formados y éticamente comprometidos. La defensa de los “derechos de la persona sólo es posible al amparo de los Colegios de Abogados y de la colegiación obligatoria, además sin Colegios no es factible la ordenación de la profesión, ni puede haber verdadera deontología”, ha asegurado.

La presidenta de la Abogacía ha defendido la necesaria existencia de todos y cada uno de los Colegios de Abogados porque “no hay necesidad alguna, ni jurídica, ni económica que justifique la eliminación de los Colegios; ni la supresión de la colegiación de los abogados, ni en todo ni en parte”.

Ha finalizado su discurso reconociendo que el papel del Derecho como mecanismo de garantía de la paz social es más necesario que nunca y expresando su compromiso para que el Consejo de Estado siga “contribuyendo a la noble obra de defensa del Estado social y democrático de Derecho que le es propia”.

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