El día 8 de julio, la Comisión Europea publicó el sexto informe anual sobre el Estado de Derecho, un análisis exhaustivo que cubre la situación jurídica de los 27 Estados miembros (además de los 4 candidatos: Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia), esbozando recomendaciones legislativas y reformas judiciales para cada país.
En líneas generales, el informe traza una trayectoria positiva en el conjunto de los Estado miembros, alabando las reformas realizadas en los 4 ejes principales de la investigación: justicia, lucha contra la corrupción, libertad de prensa, y controles y equilibrios institucionales. Aunque el informe denuncia que persisten desafíos en algunos Estados miembros, y en algunos contextos estos pueden ser graves, el compromiso general con el proceso sigue siendo fuerte, y los Estados miembros han seguido —en su totalidad o en parte— un número sustancial de las recomendaciones de 2024.
Las principales conclusiones del informe han sido las siguientes:
Sistemas judiciales
Se han reforzado los Consejos del Poder Judicial y la autonomía fiscal, mejorando los procesos de nombramiento y supervisión de jueces. Aun así, las limitaciones presupuestarias ralentizan la resolución de casos y, en algunos lugares, persisten dudas sobre injerencias políticas.
Marcos de lucha contra la corrupción
El Eurobarómetro 2025 refleja que la mayoría de los europeos rechaza firmemente la corrupción, lo que ha llevado a dotar de más recursos a fuerzas de seguridad, fiscalías y tribunales especializados. Sin embargo, faltan mecanismos preventivos sólidos —lobby y conflictos de interés— y mayor celeridad en casos de alto nivel.
Libertad y pluralismo de medios
Para cumplir el nuevo Reglamento europeo, se ha mejorado la independencia y financiación de los servicios públicos y se han ampliado las competencias digitales de los reguladores. La protección de periodistas gana prioridad, aunque sigue pendiente una mayor transparencia en la propiedad y en la publicidad estatal.
Controles y equilibrios institucionales
Se han multiplicado las consultas ciudadanas y esfuerzos por leyes más estables, pero en algunos Estados subsisten cambios legislativos abruptos y obstáculos burocráticos a la sociedad civil. En los candidatos, conviene reforzar la inclusión real y el seguimiento de las recomendaciones de órganos independientes.
Situación de España
En cuanto al capítulo destinado a España, el informe reconoce que ha progresado significativamente tras la reforma del CGPJ, acercando la elección de la judicatura a los estándares europeos. Además, se ha valorado positivamente la reforma de la Fiscalía General, así como la legislación anti-lobbying.
Sin embargo, también se menciona la fractura que ha generado la Ley de Amnistía, referenciando el proceso que está discurriendo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como la necesidad de fortalecer el sistema político contra la corrupción, adecuándolo a los requerimientos europeos.
Por último, en términos estadísticos, el informe sostiene que el grado de independencia judicial percibido ha subido ligeramente, situándose en torno a un 39% en la población general (frente al 37% del año anterior).
No obstante, en términos de transparencia, España se sitúa en la posición nº. 16 en la Unión Europea y en la nº. 46 del mundo. En la misma línea, la última edición del Eurobarómetro data en un 89% el número de encuestados que afirman creer que existe “corrupción extendida” sobre todo el territorio, 20 puntos porcentuales más que en la media europea. Además, solo un 30% cree que los mecanismos existentes para frenarla son suficientes.