La Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea ha publicado el cuarto Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea (UE) que, por primera vez, cuenta con las contribuciones y recomendaciones de la abogacía madrileña.
El Informe elaborado desde 2020, examina la evolución en todos los Estados miembros en cuatro ámbitos clave para el Estado de Derecho: el sistema judicial, el marco anticorrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, además de otras cuestiones institucionales relacionadas con los controles y contrapesos.
Los capítulos por países, que se basan en una evaluación cualitativa llevada a cabo por la Comisión, analizan los nuevos avances desde el informe anterior y el seguimiento de los retos y desarrollos identificados en la edición de 2022. Según la propia Comisión, el 65 % de las recomendaciones del año pasado se han abordado total o parcialmente. En relación con las recomendaciones formuladas desde 2022, el Informe concluye que España:
- No ha avanzado en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y el Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia y autonomía del Ministerio Público.
- No ha progresado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial como una cuestión prioritaria y en la iniciación, inmediatamente después de la renovación, de un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces y miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos.
- No ha realizado avances significativos en los esfuerzos por presentar un proyecto de ley sobre grupos de interés, incluida la creación de un registro público obligatorio de los mismos.
- No ha avanzado en abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos penales para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel.
- Ha implementado plenamente la recomendación de garantizar recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de medios audiovisuales refuerce su eficacia, teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia de los reguladores de medios, especialmente en lo que respecta a la adecuación de recursos.
- Ha realizado algunos avances en el trabajo para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales.
Finalmente, con base en esto, el Informe recomienda a España que:
- Fortalezca el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y el Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.
- Proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial como una cuestión prioritaria e inicie, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces y miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos de los consejos judiciales.
- Apruebe la ley sobre la actividad de los grupos de interés, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de interés.
- Intensifique los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos penales para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Fortalezca las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo del poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
- Avance en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley sobre Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas de acceso a documentos oficiales.