Con las intervenciones de cuatro exministros de Justicia, el alcalde de la capital y la presidenta de la Comunidad de Madrid han finalizado este viernes los actos conmemorativos del 425 aniversario del Colegio de la Abogacía de Madrid celebrados en presencia de la Junta de Gobierno del ICAM. En total, más de 5.000 letrados y letradas han participado activamente en los numerosos actos celebrados a lo largo de la semana para celebrar los más de cuatro siglos de historia del mayor colegio profesional de Europa.
El broche final a esta efeméride ha llegado de la mano de cuatro de los últimos responsables de la cartera de Justicia, reunidos por primera vez en una mesa redonda moderada por el decano del ICAM, José María Alonso, quien ha realizado un alegato por un derecho de defensa cuya norma reguladora sigue varada a la espera de trámite parlamentario.
En el acto, que ha tenido lugar en el auditorio de la IE University, Alonso ha apremiado a los responsables políticos a desencallar de una vez por todas la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa y ha elevado la voz de los más de 76.000 profesionales colegiados en Madrid para reivindicar un mayor protagonismo de los juristas en la elaboración normativa, a cuyo desarrollo ha contribuido de manera decisiva el Colegio madrileño a lo largo de su historia. Cuatrocientos veinticinco años marcados por el compromiso de la abogacía con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
Cuatro exministros y una renovación
Abierto el debate, los exministros Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han abordado entre otras cuestiones la renovación del Consejo General Poder Judicial y Tribunal Constitucional, la independencia y la organización judicial.
Sobre el bloqueo que desde hace años sufre el proceso de renovación del CGPJ, y que ahora se cierne sobre el Tribunal Constitucional, los cuatro exministros han coincidido en señalar el grave daño reputacional que esta situación imprime sobre el sistema de justicia en su conjunto, generando comparaciones injustas con otros estados como europeos en los que el Estado de derecho sí se encuentra en riesgo, y trasladando a buena parte de la ciudadanía una percepción errónea de falta de independencia que afecta a toda la planta judicial.
Para Alberto Ruiz Gallardón, el problema reside en que históricamente “todas las formaciones políticas hemos tenido una vocación de intromisión en una parte de la función jurisdiccional de la que nos teníamos que haber abstenido, y nos hemos equivocado al aplicar la Constitución”. En ese sentido, el primer paso sería acabar con el reparto numérico aunque ello implique un derecho de veto. “Prefiero el derecho de veto al sistema de reparto”, ha subrayado.
En cuanto a la posibilidad de regresar a un modelo en el que sean los propios jueces quienes elijan a sus vocales, el exministro ha mostrado su escepticismo al considerar que fueron las propias asociaciones judiciales quienes deslegitimaron el modelo abusando de él. Durante los años en que algunas de estas asociaciones tenían mayoría en el CGPJ, el 80% de los nombramientos recaía en el 50% de los jueces que estaba afiliado, y el otro 50% solo tenía acceso al 20% restante, ha criticado, de manera que “las asociaciones se convirtieron en un sistema de canalización de los intereses de sus asociados”.
De cara al futuro, el también expresidente de la Comunidad de Madrid ha abogado por limitar la discrecionalidad del CGPJ en el nombramiento de magistrados, de tal forma que la especialización y la cualificación de méritos acreditados sean criterios determinantes además de la antigüedad. “Mi impresión es que el poder político perdería interés en intentar distribuir de forma discrecional o arbitraria unas plazas que van a ser condicionantes del ejercicio de la jurisdicción”, ha señalado.
Por su parte, Juan Carlos Campo considera que el problema no está en el sistema en sí sino en la gestión del mismo: “sistemas de elección hay muchos, ni mejores ni peores, el problema es no creerse el modelo”, ha declarado. Y ha añadido un matiz: si el mandato del constituyente y de la ley orgánica que regula el proceso de elección es claro, en el sentido de que debe ser renovado cada cinco años, lo primero que hay que hacer es renovarlo. “Tengamos un modelo, creamos en él, y a partir de ahí mejorémoslo, debemos empeñarnos en que funcione y no en bloquearlo, y es en lo que muchas veces nos enredamos”, ha lamentado.
En esta misma línea se ha expresado Juan Fernando López Aguilar, para quien el CGPJ no es un órgano judicial, sino político, que debe ser respetado y preservado por los actores políticos en la función que tiene asignada. “Renovar de acuerdo con las reglas vigentes es absolutamente inexorable, y luego se puede hablar de reformas”, ha señalado.
Consenso y cambio de cultura
Respecto a los problemas que aquejan al sistema de justicia en su conjunto, los ponentes han compartido buena parte del diagnóstico y de posibles las soluciones. Para López-Aguilar, la política de Justicia requiere de un gran pacto entre partidos —no solo entre PP y PSOE—, un gran entendimiento para sacar adelante las reformas pendientes, así como una continuidad que hasta ahora no se ha logrado: “la justicia requiere una visión amplia del tiempo, en ningún caso a corto plazo”.
Por su parte, Ruiz Gallardón ha reclamado un gran pacto de Estado que garantice la seguridad jurídica, que no es solamente la independencia del poder judicial, ni lograr hacer efectivas las resoluciones, “es además la continuidad en el marco normativo”.
Con un enfoque más práctico, Campo considera que se puede avanzar sin lograr pactos de Estado siempre y cuando se logre el consenso necesario. “El consenso es la clave, y aunque nunca puede ser un fin en sí mismo, es la única manera de trabajar para hacer que la justicia pueda ser calificada de eficiente”.
En opinión de Rafael Catalá, para cambiar de verdad la justicia hay que cambiar la cultura de la Administración, lo que significa trabajar con las personas que aplican las leyes, incorporar modelos organizativos o transformar tecnológicamente las estructuras. “El foco hay que ponerlo en la transformación de la organización, en las personas, en los procesos organizativos y en la tecnología”, solo con ese enfoque se logrará un “cambio de mentalidad” para que la Justicia funcione de forma razonable.
Madrid y su Colegio
Tras las intervenciones de los exministros, el alcalde del Ayuntamiento y la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañados por los anfitriones del evento, José María Alonso y Soledad Atienza, han clausurado oficialmente la semana grande del ICAM.
En su discurso, Martínez-Almeida ha subrayado los lazos que unen a Madrid con su Colegio de la Abogacía, “indisolublemente asociados” no solo en el pasado sino también de cara al futuro. “Larga vida al Colegio de Abogados”, ha deseado, recordando que los 425 años han sido una historia de éxito sustentada sobre el talento de sus integrantes, una búsqueda del talento que se ha convertido en el elemento determinante para el progreso de la sociedad.
“No se entiende Madrid sin su Colegio de Abogados.”, ha señalado por su parte la presidenta de la Comunidad, agradeciendo a los abogados por “defender a millones de madrileños cada año y por garantizar una justicia universal para todos”. La abogacía de Madrid, ha continuado, conoce “como nadie la importancia de nuestro Estado de derecho, a lo que dedican su vida”. Al fin y al cabo, “una democracia plena como la española solo se consigue con una justicia independiente cuyo acceso está garantizado de manera universal, por eso es tan necesario el ICAM”, ha remarcado.
“Los abogados sois esenciales para garantizar la libertad de la ciudadanía y una pieza esencial además a la hora de acercar el Derecho. Y es que sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Por eso tenéis todo el apoyo de la Comunidad de Madrid y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos”, ha declarado Ayuso, quien se ha comprometido a seguir garantizando “la Justicia Gratuita, el Turno de Oficio, la tutela judicial efectiva de todas las personas que carecen de recursos y la mejora de las condiciones profesionales de las personas que se dedican a ello, con una inversión que siga creciendo año a año”.
También ha señalado la presidenta que “ha sido la ley lo que nos ha permitido superar las diferencias más dolorosas y las dificultades que parecían insalvables”, siendo el derecho “el que nos ha permitido convertirnos en una nación capaz de proporcionar estabilidad, bienestar e igualdad a todos los ciudadanos”. Por todo ello, ha concluido, “Madrid y España necesitan abogados comprometidos con la verdad e instituciones garantes, capaces de ser contrapoderes efectivos y un poder político que se centre en conseguir prosperidad y libertad. Y en este camino siempre contarán, como hasta ahora, con la Comunidad de Madrid”.
Sentido de pertenencia
Para finalizar la jornada, el decano del ICAM ha realizado un balance de los actos conmemorativos de la corporación, resumido en siete verbos: recibir, recordar, reivindicar, reconocer, compartir, recordar y motivas.
Recibir a quienes se incorporan a la profesión; recordar nuestro origen con la colocación de una placa en el lugar donde se fundó el Colegio 425 años atrás, así como poniendo en valor a los ilustres abogados que han jugado un papel importantísimo en la historia del ICAM; reivindicar el legado jurídico español y el papel de la abogacía como garante del derecho de defensa, de los derechos y libertades y como motor económico de la Comunidad de Madrid; reconocer la labor incansable e indispensable de los abogados del turno de oficio y de quienes se han distinguido a lo largo de su carrera; compartir la experiencia, estrategia y retos de las grandes firmas de abogados que pueden servir de faro para los despachos más pequeños, así como la visión de las asociaciones jurídicas que mejor conocen el día a día de la profesión; formar a través de las jornadas académicas donde se han analizado los cambios legislativos, procesales y regulatorios que estamos viviendo; y por último, motivar, saber de dónde venimos y lo que hemos hecho a lo largo de la historia, ser conscientes de la importancia que tenemos para la defensa de los ciudadanos y el Estado de derecho y, en definitiva, para la defensa de las libertades y los valores democráticos.
“Y sobre todo sentirnos orgullosos y orgullosas de los que somos, abogados y abogadas. Si hemos conseguido esto, todo habrá merecido la pena”, ha concluido.
El aniversario en cifras
Más de 5.000 abogados y abogadas se han dado cita en los dos actos solemnes, 26 sesiones de debate, una doble velada cultural y una cena de verano con las que el Colegio madrileño ha conmemorado sus 425 años. En total, más de 150 especialistas en todo tipo de materias jurídicas, procedentes de 17 países y 3 continentes, han compartido sus análisis y reflexiones en los debates celebrados en la Casa de América, la IE University y la sede colegial.
Gracias a la generosidad de sus más de 30 patrocinadores, los actos conmemorativos han sido gratuitos para todos los colegiados y no han tenido un impacto negativo en las cuentas de la corporación. Además, la extensa cobertura informativa realizada por los más de 50 medios de prensa, radio y televisión acreditados ha permitido trasladar el impacto del aniversario a cientos de miles de lectores, oyentes y espectadores en toda España. Finalmente, a través de las redes sociales y los canales de comunicación corporativos decenas de miles de usuarios han podido seguir en tiempo real cada una de las actividades programadas.
