El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha acogido el I Congreso Nacional de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), celebrado los días 25, 26 y 27 de marzo, y que ha reunido en su sede a destacados profesionales del ámbito jurídico para analizar los principales retos del sistema judicial y su evolución en un contexto de transformación.
El Congreso, celebrado en el Salón de Actos del ICAM, se ha configurado como un foro de reflexión multidisciplinar en el que se han abordado cuestiones clave como la modernización de la Justicia, la ejecución procesal, la digitalización, la inteligencia artificial, el régimen de costas, la carrera profesional de los letrados de la Administración de Justicia o el papel del Registro Civil.
La Junta de Gobierno del ICAM ha tenido un papel destacado en el encuentro, reforzando su compromiso con la colaboración institucional y con el impulso de una Justicia más eficiente, coordinada y centrada en el ciudadano.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, fue el encargado de inaugurar virtualmente el Congreso, destacando el carácter relevante de esta primera edición y subrayando el papel esencial de la cooperación entre operadores jurídicos. En sus palabras, “la justicia es ante todo una labor de personas” y la relación entre la abogacía y los letrados de la Administración de Justicia constituye “la columna vertebral que sostiene el procedimiento”.
En esta línea, defendió que “la cooperación no es una opción, es una necesidad”, apelando a la construcción de una Justicia más coordinada y eficaz.
Tres jornadas de debate jurídico sobre los grandes retos del sistema de Justicia
El Congreso se estructuró en tres jornadas que combinaron el análisis institucional con el debate jurídico y la reflexión práctica.
La sesión inaugural, celebrada el 25 de marzo, acogió la Asamblea General de PROLAJ, en la que Alejandro Asensio fue ratificado por unanimidad como presidente de la Asociación.
El jueves 26 se desarrolló el grueso del programa académico, con especial protagonismo de la mesa redonda “Los retos del futuro de la Justicia”, que reunió a los ex ministros de Justicia Pilar Llop Cuenca y Juan Carlos Campo, junto a los ex fiscales generales del Estado Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, quienes ofrecieron una visión institucional sobre los desafíos estructurales del sistema judicial.
A lo largo de la jornada se analizaron también los retos de la ejecución procesal, la percepción de la Justicia desde los medios de comunicación y el impacto de la transformación digital, con especial atención a la automatización de trámites y a la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial.
La jornada del viernes 27 puso el foco en la dimensión política, organizativa y profesional de la Justicia. Destacó la mesa “La mirada política de la Administración de Justicia”, en la que participaron los portavoces de Justicia de los principales grupos parlamentarios —María Jesús Moro (Partido Popular), Francisco Aranda (PSOE), Juan José Aizcorbe (VOX) y Enrique Fernando Santiago (Sumar)—. Previamente, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, mantuvo un encuentro con los participantes en este debate.
Durante esta jornada se celebró también la mesa sobre costas procesales, con la participación del diputado del ICAM Javier Mata, así como otras sesiones centradas en cuestiones clave como la carrera profesional y el sistema funcionarial de los LAJ, el papel del Registro Civil y el derecho de defensa, completando un programa amplio y transversal.
Costas procesales: propuestas para reforzar la seguridad jurídica
El diputado 3º de la Junta de Gobierno del ICAM, Javier Mata, participó en la mesa redonda “El régimen de las costas procesales: perspectivas de mejora para la seguridad jurídica”, junto a Jesús M. Sánchez García, abogado, decano emérito del ICAB y fundador de Familex; Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia y director del SCG de Fuenlabrada; Patricia Font Rodríguez, abogada del Estado en la CNMC; y Miguel Bordiú García-Ovies, secretario del Consejo de la CNMC.
Durante el debate se abordaron los principales retos del sistema de costas procesales y su impacto directo en la seguridad jurídica, con especial atención a la necesidad de avanzar hacia criterios más homogéneos, previsibles y transparentes.
En su intervención, Javier Mata puso de relieve la importancia de que el régimen de costas contribuya a equilibrar el acceso a la Justicia con la responsabilidad en el ejercicio de la acción procesal, advirtiendo de las disfunciones que genera su aplicación actual. Asimismo, defendió la conveniencia de introducir mejoras que refuercen la coherencia del sistema y permitan anticipar con mayor claridad las consecuencias económicas del proceso, reduciendo así la incertidumbre y fortaleciendo la confianza en la Justicia.
Clausura: cooperación, confianza y una Justicia más humana como ejes de futuro
La clausura del Congreso contó con la intervención de la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, junto a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, y Alejandro Asensio, presidente de PROLAJ.
Durante su intervención, Winkels subrayó que “la Justicia no se mide solo por sus leyes, sino por la confianza que es capaz de generar”, situando la experiencia del ciudadano en el centro del sistema. En este sentido, defendió una visión compartida del funcionamiento de la Justicia, afirmando que abogacía y letrados de la Administración de Justicia son “corresponsables del buen funcionamiento del sistema”.
La Vicedecana destacó la reivindicación que dese el primer momento ha hecho el ICAM sobre los efectos perniciosos de los MASC en la materia de menores y en procedimientos transfronterizos. De hecho, el ICAM presentó una PNL solicitando una reforma legislativa, ha mantenido reuniones con todos los grupos políticos al respecto, y aunque ha apoyado la PL del PNV en solicitud de suprimir los MASC en materias de menores, ha reivindicado la necesidad de incluir los procedimientos internacionales -no incluida en la PL- al vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva de los residentes en España, al impedir de facto el acceso a nuestros tribunales de justicia.
Asimismo, incidió en que la modernización debe avanzar sin perder de vista los principios esenciales del proceso, advirtiendo que “la eficacia no puede convertirse en un atajo que debilite las garantías”. Apostó, además, por reforzar la cooperación institucional como palanca de mejora real, destacando que una mayor coordinación entre profesionales contribuye a una Justicia más ágil, comprensible y previsible para el ciudadano.