El decano, José María Alonso Puig, ha participado en la jornada sectorial “40 años vertebrando la economía española”, que organiza la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL) con la colaboración de UNE, Asociación Española de Normalización, con una ponencia enfocada en “La importancia de la seguridad jurídica en las decisiones empresariales”.
El decano ha reivindicado que “el nivel de seguridad jurídica es absolutamente determinante para el progreso económico y el desarrollo empresarial”, señalando que “España es el país más demandado del mundo en materia de protección de inversiones”, indicando que “la seguridad jurídica exige certeza y la prohibición de arbitrariedades, para generar el clima de confianza necesario para el desarrollo, debemos contar con normas claras, bien elaboradas, dotadas de publicidad y que resulten coherentes y uniformes en todo el territorio”.
Alonso tampoco ha dudado en señalar “la irresponsabilidad de la clase política cuando están en campaña electoral: se hacen grandes promesas y se habla de deformar o derogar leyes sin valorar si caben dentro de nuestro sistema jurídico, simplemente para ganar votos. Faltan análisis serios y sosegados y sobran eslóganes”, ha declarado tajante. También ha recriminado cómo “el empresario, que es quién genera empleo, sin embargo es el objetivo de ataques por parte de la clase política a través de amenazas de subidas de impuestos”.
Igualmente, el decano se ha referido al poder judicial, destacando que “en España tenemos un poder judicial independiente e imparcial aunque hay cosas que deberían ser cambiadas, que el CGPJ sea en parte elegidos por grupos políticos, no ayuda”, reconocía, criticando la lentitud con la que por desgracia se desenvuelve la justicia y la problemática de la eficacia de las sentencias, o el sistema de promoción en la carrera judicial, planteando que ésta sea en atención a “criterios de calidad en lugar de por antigüedad”. En este sentido, Alonso ha hablado del Barómetro de la Justicia que está elaborando el ICAM porque “no es verdad que la justicia no funcione, pero si un juez actúa mal deberemos decírselo las veces que haga falta”.
Alonso no ha querido concluir sin embargo sin destacar el buen hacer de nuestros jueces y magistrados en alusión al contexto actual y al “problema de la desobediencia civil, los abogados no podemos cuestionar el derecho de huelga pero, por su propia naturaleza, está constreñida a reivindicaciones laborales, no cuestiones políticas como está sucediendo repetidamente. Apelar a la disidencia política fuera de los mecanismos jurídicos, me parece sencillamente una ilegalidad”, declaraba, “trasladar, como se hace con el tema catalán, que los tribunales de nuestro país no funcionan democráticamente, es cubrir España con un manto de inseguridad absolutamente injusto, intolerable, y que deberá ser perseguido por todos los cauces que la ley permita”, ha finalizado.
