José Ignacio Monedero asiste a la entrega del XXX Premio Pelayo concedido a Miquel Roca, destacado jurista y defensor de la convivencia democrática

El Secretario de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, José Ignacio Monedero, asistió ayer a la ceremonia de entrega del XXX Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, celebrada en el Casino de Madrid. En esta edición, el galardón fue concedido a Miquel Roca Junyent, figura clave en la redacción de la Constitución Española de 1978 y referente del Derecho en España.

La ceremonia, que contó con la presidencia de honor por S.M. el Rey, reunió a más de 600 asistentes, entre los que se encontraban personalidades del ámbito jurídico, político y empresarial. Durante el acto, la semblanza del galardonado fue realizada por Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Presidente del Jurado y Catedrático Emérito de Derecho Administrativo, quien destacó la calidad humana y la prolífica trayectoria de Miquel Roca.

La Presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue la encargada de entregar el premio, valorando la labor de Roca como símbolo de compromiso y convivencia democrática. En su discurso, Miquel Roca reflexionó sobre el papel transformador del Derecho y la dificultad de aprender a convivir en libertad desde el respeto a las diferencias.

La asistencia del ICAM, representado por José Ignacio Monedero, pone de manifiesto la estrecha relación existente entre el Colegio y Miquel Roca, quien el pasado mes de octubre impartió en la sede del ICAM una destacada ponencia sobre la conveniencia de reformar o no la Constitución. En dicha intervención, Roca abogó por un diálogo constructivo en torno a la Carta Magna, destacando su importancia como base para la convivencia democrática en España.

El Premio Pelayo, dotado con 30.000 euros y una estatuilla conmemorativa, celebra tres décadas reconociendo a juristas que han contribuido significativamente al progreso de la justicia y la sociedad. Este galardón refuerza el compromiso del ICAM con la promoción de los valores democráticos y el respeto a la profesión jurídica.

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