A pesar de los avances legislativos en materia de igualdad y de la incorporación transversal de la perspectiva de género en múltiples ámbitos, las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en los sectores peor remunerados y subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones. Esta situación, según han advertido este viernes las participantes en la IX Cumbre de Mujeres Juristas, se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia, con un incremento de la brecha de género salariales y de las dificultades para la conciliación.
A fin de evitar la perpetuación y el agravamiento de la desigualdad por razón de sexo, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, junto con el resto de participantes en la Cumbre, reclaman una participación más activa de las mujeres en la recuperación tras la crisis sanitaria.
Así lo recoge el documento con las conclusiones del encuentro, en el que el colectivo de juristas sostiene que la consecución de la igualdad efectiva pasa por aumentar la participación femenina en el mercado laboral y potenciar su independencia económica, reduciendo las brechas salariales y de pensiones de género y, en consecuencia, la pobreza entre las mujeres. También abogan por equilibrar la presencia de mujeres y hombres en la toma de decisiones, implicar a las empresas para implantar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades, combatir la violencia de género y prestar un apoyo integral a las víctimas.
Para revertir el incremento de la brecha de género experimentado durante la pandemia, las juristas reclaman a las empresas “asumir la responsabilidad no solo de aplicar la legislación vigente, sino también de ir más allá” para detectar y eliminar los sesgos de género, elaborando códigos de conducta, poniendo el foco en los planes formativos y en la elaboración de políticas de desarrollo.
En el ámbito de la conciliación, afirman las juristas, para muchas mujeres la pandemia ha supuesto la vuelta a los roles tradicionales del hogar y el trabajo a distancia, lejos de mejorar la situación, ha determinado una pérdida de calidad de vida de las mujeres trabajadoras en entornos de ingresos medios.
La conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, recuerdan, “es un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y es un requisito sine qua non para que cualquier persona pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y ejercer su derecho al cuidado de su familia”.
Sin embargo, en el mundo del derecho, donde las mujeres son mayoría actualmente en todos los estamentos jurídicos, y en particular en el ejercicio de la abogacía, no hay una regulación legal plena que garantice ese derecho a los letrados y letradas en su ejercicio ante los tribunales, “resultando imprescindible consensuar los motivos y circunstancias en que ha de producirse la suspensión de vistas, actos o plazos procesales, ante la imposibilidad de las abogadas y abogados de concurrir a los mismos por motivos debidamente acreditados prestando una especial atención al principio de igualdad”.
Prevenir los sesgos tecnológicos
Las participantes en la Cumbre han puesto también el foco en la tecnología, una de las grandes protagonistas del escenario post COVID, subrayando la importancia de incentivar el interés de las niñas por este campo para cerrar la brecha tecnológica que, en gran medida, explica la incorporación de sesgos en el desarrollo de una inteligencia artificial que reproduce estereotipos de género.
Además, recuerdan que la perspectiva de género ayuda a descubrir “la invisibilización de las asimetrías de género que siguen existiendo en nuestro derecho”, y por tanto se debería aplicar en todas las fases del proceso, tanto en la valoración de las pruebas como en la interpretación de la norma. Por ello, apuntan, es imprescindible la formación y sensibilización de todos los actores jurídicos en esta materia, y que las mujeres y hombres juristas no pierdan la perspectiva de género “para que la justicia refleje la verdadera sociedad en que vivimos”.
Finalmente, entendiendo el derecho como una herramienta de cambio democrático y la igualdad como un motor que permite el avance de las sociedades, las mujeres juristas abogan por un cambio en el paradigma del liderazgo para que se convierta “no en un liderazgo femenino sino feminista, ejercido tanto por hombres como por mujeres”.
El rol de las mujeres juristas
Tras la lectura de las conclusiones, a cargo de la diputada del ICAM Ángela Cerrillos, el decano José María Alonso ha dado paso a la clausura de la Cumbre con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca.
Montero ha iniciado su intervención reivindicando un papel activo y central de la mujer en la reconfiguración de España tras la pandemia: “sin las mujeres será imposible que la recuperación económica sea justa. Me atrevo a decir más, sin las mujeres será imposible que la recuperación económica exista”. Sin embargo, ha precisado, “juntas y juntos esa recuperación es imparable”.
Tras desglosar las distintas políticas públicas impulsadas desde los poderes públicos para frenar y revertir el aumento de la violencia contra las mujeres tras el estallido de la pandemia, la ministra se ha referido al rol de las juristas: “sin vosotras el cambio es imposible e impensable, sois el motor de la transformación que necesita este país para alcanzar una verdadera justicia feminista, una justicia con perspectiva de género, que no deje a las víctimas desamparadas, que no las revictimice y que no cuestione sus relatos; en definitiva, una justicia que las crea”.
Además, ha proesguido, “espacios como estos, protagonizados por mujeres juristas y feministas, son estratégicos para mejorar la respuesta que el sistema judicial puede dar a las víctimas. Y es por eso que vuestro papel como abogadas feministas es clave no solo para traducir a las víctimas el lenguaje jurídico, sino también como apoyo y aliento en el duro proceso que para ellas supone denunciar.”
En ese sentido, eventos como la Cumbre de Mujeres Juristas demuestran “la potencia y la fuerza que tenemos cuando remamos todas en una misma dirección. Juntas —feministas, Gobierno, juristas— tenemos la enorme tarea por delante de cerrar una importante brecha existente entre las normas y su aplicación”, ha señalado.
Cohesión y medidas horizontales
En las épocas de crisis, según ha explicado Roca, las mujeres han sido las que siempre han mantenido la cohesión en el seno de nuestras familias. Partiendo de esa premisa, “las consecuencias de la crisis del Covid deberían hacer pensar a los poderes públicos en arbitrar remedios no paternalistas para que la sociedad reconozca y apoye la labor de las mujeres en la labor de cohesionar la sociedad e impedir la desestructuración”, ha reclamado.
Para esta jurista, las ayudas deberían consistir en la adopción de medidas horizontales como la reestructuración de los servicios sociales o la adecuada regulación del derecho de familia. Y en momentos de crisis, frente a los parches que no sirven para nada, los poderes públicos tienen la oportunidad de adoptar decisiones valientes y arriesgadas que partan de un programa estudiado y sensato. “No solo se trata de obtener votos sino de estabilizar situaciones para afrontar problemas eternos, siempre sobre la base de la dignidad de las personas”, ha concluido.
Para finalizar, el decano José María Alonso ha destacado el papel de la abogacía como motor de la igualdad y ha expresado el compromiso del ICAM para extenderla de manera cualitativa en un colectivo donde la igualdad es ya una realidad sólo en términos cuantitativos.
