La XIII Cumbre de Mujeres Juristas fija una hoja de ruta para una IA con garantías: transparencia, auditorías y protección frente a la discriminación y la violencia digital

 La XIII Cumbre de Mujeres Juristas del ICAM, celebrada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, ha concluido con una hoja de ruta clara: la inteligencia artificial solo será compatible con una democracia avanzada si se somete a garantías efectivas, verificables y exigibles que preserven la igualdad y los derechos fundamentales.

Las conclusiones aprobadas por las personas asistentes fijan como ejes la transparencia y la trazabilidad, la auditabilidad y la explicabilidad como estándares —también contractuales—, junto a una rendición de cuentas indelegable: la responsabilidad jurídica no se transfiere al algoritmo y debe existir un responsable identificable, supervisión humana efectiva y vías reales de revisión e impugnación.

La Cumbre ha abordado el despliegue de la IA desde una perspectiva transversal: desde el AI Act y su aplicación práctica, pasando por los límites y garantías del RGPD y la Ley 15/2022, hasta la evolución de la práctica profesional (incluidas auditorías de IA en procesos de due diligence).

Asimismo, ha alertado del impacto desproporcionado de la violencia digital sobre mujeres y niñas y de la necesidad de una respuesta integral: identificar responsables y, a la vez, detener la revictimización con retirada rápida de contenidos y preservación de prueba técnicamente válida.

En la apertura, el decano Eugenio Ribón enmarcó la IA como una cuestión de derechos fundamentales y poder, advirtiendo de que los algoritmos no son neutrales y de que, sin controles jurídicos reales, la discriminación puede quedar oculta tras una apariencia de objetividad: sin transparencia, la discriminación se vuelve invisible. La vicedecana Isabel Winkels reforzó el enfoque de rendición de cuentas: la IA “no es buena ni mala en abstracto” y todo depende de dónde se aplica, con qué datos y bajo qué controles. Por eso, defendió llevar el debate al terreno de las garantías: quien sufra un perjuicio por una decisión automatizada debe poder obtener respuestas verificables (evaluación de impacto en igualdad, auditorías de datos, trazabilidad y supervisión humana efectiva).

La conferencia inaugural de Amelia Valcárcel situó el debate en la defensa de la democracia y la igualdad como conquista política, alertando de sesgos misóginos que pueden operar sin dejar rastro visible: la misoginia en un algoritmo “simplemente funciona” si no hay mecanismos de control.

Durante la Cumbre se abordaron, entre otros ejes, la aplicación práctica del marco europeo y las garantías existentes. En ese contexto, el presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, subrayó que muchos riesgos no derivan de la tecnología en sí, sino de errores humanos de diseño e implementación, reivindicando el RGPD como anclaje de garantías (calidad y minimización de datos, transparencia y explicabilidad) para detectar y acreditar discriminaciones.

El bloque dedicado a la violencia digital puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la respuesta penal y la protección de las víctimas. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, apuntó a la impunidad favorecida por identidades ficticias y defendió que la protección de la dignidad en el entorno online requiere un instrumento clave: acabar con el anonimato en la red.

La segunda jornada amplió el foco hacia los riesgos de discriminación en el ámbito laboral, el feminismo jurídico y la gobernanza algorítmica, y el papel de la educación, la formación y los medios de comunicación para prevenir sesgos, reforzar capacidades profesionales y acercar las garantías al debate público.

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