La situación de la Justicia en nuestro país es muy preocupante. Los problemas estructurales, funcionales y el incremento de la litigiosidad en los últimos años han derivado en un contexto actual inestable y en el que las legítimas expectativas de la ciudadanía en cuanto a su relación con los Tribunales se están viendo gravemente alteradas.
España se configura en el artículo primero de nuestra Constitución como un «Estado de Derecho» y esta no es una proclamación vacía, sino llena de contenido, repleta de un compromiso de todos los operadores jurídicos con la legalidad y, tras ella, con todas las personas, con toda la ciudadanía como legitimadora de la acción de la Justicia.
Como ya señalase el Libro Blanco de 1998, la confianza en la Justicia, la convicción de que Jueces y Tribunales van a responder adecuadamente y mediante una pronta y correcta aplicación de las leyes a las demandas de los ciudadanos, es un elemento esencial para el mantenimiento del respeto al ordenamiento jurídico y de la convivencia ciudadana.
Por todo lo anterior, hoy, igual que hace veinticinco años, quienes suscribimos este texto reclamamos que la XV legislatura que deba resultar tras las elecciones generales del próximo 23 de julio sea, al fin, la legislatura del compromiso político con la Justicia, con sus necesidades, con sus medios, con todos sus profesionales, autoridades y funcionarios públicos, pero, siempre y, sobre todo, con la ciudadanía.
Los grupos parlamentarios y el nuevo Ejecutivo deben asumir, por fin y de una vez por todas, la inaplazable tarea de situar los problemas de la Justicia en la primera línea de la agenda pública. La legalidad debe aplicarse para que España siga siendo un Estado de Derecho capaz de hacer frente a todos los retos, nacionales e internacionales, a las crisis actuales y a las que puedan venir.
Todos juntos. Y todos juntos implica la participación de la abogacía. No pueden olvidarse de la abogacía, ésta es imprescindible en el Estado de Derecho. Los profesionales de la abogacía son, sin duda alguna, quienes velan por el derecho fundamental del justiciable a tener un proceso con todas las garantías.
En este propósito, el de velar por los derechos de la ciudadanía, los grupos parlamentarios y el Gobierno contarán con la lealtad de todos los agentes: abogacía, judicatura, fiscalía, procura, letrados y letradas de la administración de justicia, funcionariado de Justicia, y graduados y graduadas sociales. Todos, sin excepción. Todos porque el compromiso por una Justicia de calidad y al servicio de la ciudadanía no conoce de modulaciones.
La hora política de la Justicia en España ha llegado. Y quienes firmamos el presente manifiesto, desde nuestra respectiva responsabilidad institucional o profesional, reclamamos que la tutela judicial obtenga el papel preferente que merece en una sociedad democrática, reclamamos un Pacto de Estado para la Justicia.
Es lo justo.