El impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la COVID-19 motivó la adopción desde marzo de 2020 de importantes medidas de política económica y social orientadas a proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de los hogares, en particular, mediante distintos instrumentos de apoyo a la liquidez y solvencia de las empresas y autónomos, así como a la protección de las familias, de colectivos vulnerables, y de la vivienda.
La persistencia de la pandemia y la vulnerabilidad de las empresas en los sectores más afectados en la incipiente fase de recuperación hicieron precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales aprobando moratorias a través de distintas normas que ahora están llegando al final de su plazo temporal.
El 30 de junio finalizará, entre otras, la moratoria concursal, que se traduce en la no exigibilidad de la obligación de solicitar la declaración de concurso y en la imposibilidad de que se tramite el concurso necesario.
En la siguiente tabla se recogen las medidas aún vigentes y su fecha prevista de finalización.