El Colegio de Abogados de Madrid ha reclamado la unidad de todos actores implicados en la Administración de Justicia para defender sin fisuras el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Así lo ha advertido el decano José María Alonso durante la celebración del Foro Justicia ICAM, que en su segunda edición en formato online ha contado con la participación del consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Para Alonso, a pesar de que “vivimos en este momento una situación política muy desagradable”, hay algo que es “inatacable: el Estado de derecho y la seguridad jurídica”. Por eso, ha pedido que los operadores vayan todos a una para no permitir “ningún tipo de fisuras” en su defensa. “Todos los que operamos en el mundo de la Administración de Justicia tenemos que estar absolutamente alineados para que el Estado de derecho no se toque, para que no se afecte a la seguridad jurídica, y este Colegio está absolutamente comprometido en que eso es así”, ha recalcado. Porque sin esos dos elementos, ha insistido, “ni hay democracia, ni hay paz social, ni hay inversión extranjera…no hay absolutamente nada”.
Frente a una crisis social y económica “de primera magnitud” como la que afronta España tras la pandemia del coronavirus, la abogacía debe “seguir defendiendo el Estado de Derecho e intentar que las reclamaciones de los ciudadanos tengan una tramitación adecuada”, ha afirmado el decano. Como parte integrante de la Administración de Justicia, los abogados, al igual que el resto de operadores jurídicos, juegan “un papel fundamental para sacar a este país de la situación tremenda en la que esta pandemia nos ha colocado”.
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En ese sentido, Alonso ha solicitado el reconocimiento para los profesionales de la abogacía que han estado trabajando “de una manera silenciosa pero muy activa” durante todo el confinamiento y ha pedido una actualización de los baremos: “queremos que quien se está dejando la piel por defender a los ciudadanos que carecen de recursos perciba una remuneración que solamente pedimos que sea digna”, ha reclamado.
Armonizar el uso de la tecnología
En su intervención, el decano madrileño ha abogado además por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, subrayando la importancia de que haya una mayor armonización en su utilización para facilitar la labor de los abogados. “Yo creo que los medios telemáticos son perfectamente utilizables en jurisdicciones como la civil, pero debería haber una política clara de recomendación a todos los jueces”, ha explicado.
Respecto a la habilitación de las tardes y algunos días del mes de agosto, Alonso ha propuesto como contramedida que se habilite una agenda compartida con los jueces y los Letrados de la Administración de Justicia para optimizar el tiempo de los abogados y contribuir así a agilizar el sistema.
Por otra parte, Alonso ha reivindicado la necesidad de potenciar el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos para reducir la alta litigiosidad que ya antes de la pandemia amenazaba con colapsar el sistema de justicia. Así, el decano ha pedido al consejero Enrique López la puesta en marcha del acuerdo alcanzado entre el Colegio de Abogados y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para derivar hacia el arbitraje buena parte de los conflictos en materia de transporte que saturan diariamente los juzgados de lo mercantil.
Plan de choque con incentivos
Por su parte, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid ha solicitado un Plan de Choque para la Agilización de la Justicia madrileña que incluya un Plan de Incentivos para favorecer la resolución de conflictos judiciales en la etapa post-COVID. A fin de evitar el colapso que se avecina en la Justicia por la acumulación de los nuevos “problemas pandémicos” y los problemas “endémicos” preexistentes, López ha propuesto establecer un sistema de abono de complementos para magistrados, letrados, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que se comprometan a resolver, con todas las garantías, más conflictos en menos tiempo. “Se trata de incentivar y compensar el sobreesfuerzo al que nos ha abocado la crisis sanitaria”, ha señalado.
Para llevar a cabo este proyecto, según el consejero “el Gobierno de la Nación debe entender que la Justicia es un servicio público esencial” y, por tanto, debe “mejorar con urgencia la financiación autonómica, reconociendo el peso que la Comunidad tiene en la administración de Justicia, teniendo en cuenta el mayor número de litigios que se producen en la región por su capitalidad”.
En ese sentido, López ha hecho un llamamiento a todos los actores que intervienen en la administración de Justicia para sacar adelante el aumento de trabajo provocado por la crisis del COVID-19. A su juicio, “es imprescindible hacerlo, porque la Justicia, además de un derecho inalienable, debe ser un motor para la recuperación económica”.