El Decano en funciones del ICAM, José María Alonso, se reunió el pasado viernes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, para darle trasladado de una serie de propuestas destinadas a mejorar las condiciones en que la abogacía madrileña ejerce su labor.
Acompañado por Fernando Bejerano, Director del Área de Defensa al Colegiado/a y Normativa, Alonso trasladó a Celso Rodríguez los resultados del II Barómetro del Funcionamiento de la Justicia en Madrid Región, que ponen de manifiesto la necesidad de colaborar y establecer líneas de trabajo conjuntas que permitan buscar soluciones eficaces e inmediatas a las deficiencias encontradas por los colegiados y colegiadas madrileños.
En términos generales, de los resultados de este II Barómetro de la Justicia se extrae la percepción negativa que la abogacía madrileña tiene de la situación de la Justicia en Madrid Región, destacando el trato desconsiderado que reciben los letrados por parte de los funcionarios de las oficinas judiciales (queja del 52,97% de los encuestados) y el problema que supone para ellos no ser avisados de la suspensión de señalamientos con la debida antelación (queja del 63,72% de los encuestados).
Tal y como se informó al presidente del TSJM, el ICAM ya está trabajando en un III Barómetro, en este caso, circunscrito al ámbito del partido judicial de Madrid Capital, para establecer una comparativa con el I Barómetro (2019) que permita valorar la evolución de la Justicia en los últimos años.
Durante la reunión, en aras de garantizar el derecho de defensa y facilitar la labor de los profesionales que ejercen la abogacía, Alonso propuso articular una serie de mecanismos de participación del ICAM en los expedientes gubernativos que se inicien como consecuencia de la imposición de una sanción a los profesionales de la abogacía, de conformidad con la nueva redacción del artículo 58 del Estatuto General del Abogacía.
Asimismo, reiteró su propuesta de implantar un sistema de envío telemático de los expedientes policiales a los profesionales de la abogacía para que puedan examinarlos con la debida antelación, independientemente del tipo de procedimiento, de forma que se eviten las demoras y se ahorre trabajo y tiempo.
Durante el encuentro institucional también se analizó el trato desconsiderado que siguen recibiendo los compañeros y compañeras en algunos juzgados que imponen medidas restrictivas de acceso y obstáculos físicos para impedir la entrada a la oficina judicial, lo que dificulta obtener información respecto del estado de los procedimientos y la consulta de las actuaciones en condiciones adecuadas. El ICAM recordó al presidente del TSJM que estas medidas carecen de amparo normativo y reglamentario y le instó a que fueran erradicadas con carácter inmediato y permanente.