El ICAM pide la elevación al Supremo de la causa contra la Fiscalía por revelación de secretos

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la elevación de la causa al Tribunal Supremo en el caso contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado.

El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad. Su divulgación es considerada por el ICAM como una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo.

El ICAM, tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción, ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo.

El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya “la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo”.

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