El ICAM celebró anoche la inauguración de una nueva Sección, dedicada a la Comunicación y el Derecho, poniendo así el broche a las 41 que hacen de la institución colegial la que mayor atención sectorial dedica en toda Europa.
Eugenio Ribón, el diputado de la Junta de Gobierno encargado de Secciones, encargado anoche de presentar el evento, celebró la incorporación de un campo tan necesario e imprescindible como la comunicación, ya que contribuye al objetivo de la Junta de “abrir el ICAM, la casa de la libertad, a otras profesiones y experiencias más allá del mundo del Derecho”. Para alcanzar esta meta, Ribón recordó que se ha multiplicado por 9 el presupuesto dedicado a secciones, y que ya forman parte de ellas más de 29.000 colegiados.
La nueva Sección estará copresidida por Mercedes Asorey y Manuel Sánchez de Diego, y se estrenó con una jornada dedicada a “Las posibilidades que la Ley 19/2013 y la política de transparencia abren a la abogacía” que contó como ponente con el presidente en funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós Dorda, y con la intervención del abogado del Estado y ex ministro de UCD, José Manuel Otero Novas, como moderador.
Como explicó Sánchez de Diego, la Sección estará enfocada a dos facetas: el Derecho de la información (que engloba desde los delitos contra la intimidad a las fake news) y el Derecho como paciente de la comunicación, pues “el mundo jurídico necesita comunicar”, explicó. En este sentido, agradeció al ICAM la creación de “un lugar de encuentro intelectual donde reflexionar entre todos”.
Amorós, por su parte, explicó el funcionamiento del Consejo de Transparencia y cómo gracias a la Ley 19/2013 se ha dotado a la ciudadanía de un “instrumento de control democrático de las instituciones” a la par que ofrece “ventajas muy interesantes para el ejercicio profesional”. En todo caso, el valor de la norma para Amorós reside en que “por primera vez recogió la preocupación del gobierno por la transparencia en sus instituciones”, si bien al ser una competencia compartida “el 80% de las leyes autonómicas van más allá y son más completas”, matizó.
El presidente en funciones explicó las limitaciones que operan a la hora de dar información, sin que esté prohibido suministrar datos personales, siempre que no estén especialmente protegidos: “La ley establece una ponderación entre el interés público y la protección de la intimidad, debiendo valorar caso por caso qué debe prevalecer”.
De acuerdo con los datos del Consejo, “el 68% de solicitudes se estiman a favor del interesado, decidiendo en contra de la Administración, y el 38% que se desestima atiende a razones de nulidad o inadmisabilidad”. Sin embargo, dado que no tienen potestad sancionadora, Amorós también refirió que “un 15% de las administraciones es remisa, no cumplen con la obligación de proporcionar información pese a nuestra resolución obligándolas a ello, y la mayoría recurre ante el contencioso-administrativo. Nuestro principal enemigo es RTVE”, declaró.
Pese a todo, “el coste reputacional funciona”, apuntó, y recordó que las políticas de transparencia y los consejos están “iniciando sus pasos” por lo que, para Amorós, es necesario “dotarles de mejores medios” pero están cumpliendo con su labor “velando porque se publique la información”.