El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid condena la muerte de la compañera turca, Ebru Timtik, que ha fallecido tras 238 días en huelga de hambre reclamando un juicio justo, tras ser haber sido condenada a trece años de cárcel por pertenencia a una organización terrorista.
Timtik fue sentenciada en un controvertido proceso en el que la defensa criticó la falta de acceso a las pruebas y que el tribunal aceptara testigos anónimos, y en el que se condenó a otros 17 abogados a un total de 159 años de prisión.
El ICAM quiere manifestar su apoyo a aquellos compañeros y compañeras que, en el ejercicio de la profesión o por causa de ella, sufren amenazas o persecuciones, arriesgando frecuentemente su integridad física, cuando no su propia vida.
Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, y como norma de Derecho Internacional consuetudinario dada su amplia aceptación, reconoce el derecho a la defensa de todo ser humano. De cumplimiento exigible a los Estados que lo han ratificado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regulará más adelante, en 1966, el derecho a la defensa de las personas acusadas de haber cometido un delito con unas garantías mínimas: ser informadas sin demora de la naturaleza y las causas de la acusación; disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y para comunicarse con un defensor de su elección; ser juzgadas sin dilaciones indebidas; ser informadas de su derecho al nombramiento de un defensor de oficio, gratuitamente, en caso de carecer de medios suficientes para pagarlo; interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo; o no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables.
La Abogacía madrileña seguirá contribuyendo a la sensibilización de las instituciones y la sociedad civil respecto de los problemas y riesgos asumidos por compañeros y compañeras en numerosas partes del mundo. Aún hoy, son demasiados los países en los que sufren importantes restricciones para poder ejercer; en los que, en su práctica cotidiana, padecen hostigamiento e intimidación por agentes de seguridad o por las propias cortes de justicia; en los que se les prohíbe la comunicación con sus clientes y el acceso a datos o informes relevantes para el ejercicio pleno y auténtico del derecho de defensa. Son demasiados los países en los que nuestros compañeros son detenidos, sometidos a la violencia, restringidos en sus movimientos.
El ICAM, como institución colegial más grande de Europa, seguirá manteniendo una actitud de vigilancia constante e indefectiblemente crítica sobre la situación de los abogados y las abogadas víctimas de amenazas. La Historia muestra a las claras que el derecho de defensa es un signo de vitalidad democrática, un termómetro que marca una graduación variable entre Estados, según éstos muestren mayor o menor celo en el establecimiento de mecanismos para la protección de nuestro propio desempeño.