El Colegio de la Abogacía de Madrid celebró ayer la jornada titulada «Primeras dudas y primeras respuestas sobre la aplicación de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC)», organizada por la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario en colaboración con MediaICAM.
El acto fue inaugurado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien destacó la importancia de acompañar a la abogacía en uno de los retos más significativos del actual panorama jurídico: la implementación de los MASC.
Durante su intervención, Ribón definió esta nueva etapa como “una de las transformaciones más significativas que está viviendo nuestra profesión”, y defendió el papel del Colegio como garante de que estos mecanismos “sean una verdadera solución y no una traba u obstáculo para las partes”. Afirmó que “desde el ICAM compartimos el objetivo de una justicia más ágil, cercana y moderna”, pero insistió en que “esa justicia más eficiente no puede construirse a costa de nuevos obstáculos para la ciudadanía ni de inseguridad para la abogacía”.
El decano recordó que el ICAM participó activamente en el proceso legislativo que dio lugar a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, presentando cerca de 40 enmiendas. Entre ellas, subrayó la oposición del Colegio a la imposición de costas por no acudir a mediación, “por entender que vulnera la tutela judicial efectiva”, y la propuesta de que los profesionales de los MASC estén vinculados a instituciones colegiadas o acreditadas, como garantía de calidad y transparencia. “Muchas de estas propuestas, lamentablemente, no fueron recogidas. Pero eso no nos ha hecho desistir”, aseguró.
En este sentido, detalló las iniciativas adoptadas por el Colegio tras la aprobación de la ley: la habilitación de un modelo de acreditación del intento de conciliación previa, la creación de un canal específico para consultas e incidencias, el refuerzo de MediaICAM y la organización de sesiones formativas con enfoque práctico. “Y cuando han empezado a surgir los primeros problemas, tampoco hemos mirado hacia otro lado”, recalcó, aludiendo a la solicitud formal del ICAM al Ministerio de Justicia para unificar criterios en la aplicación de los requisitos de procedibilidad.
La jornada, moderada por Alberto Torres López, presidente de la Sección organizadora, abordó con profundidad los principales desafíos que plantea la implantación de los MASC en el ámbito civil e inmobiliario. Cristina Vallejo Ros, Ana Palomeque Rivas y Mar de Andrés Vázquez ofrecieron una visión experta y multidisciplinar sobre cuestiones clave como la diferenciación entre mediación y conciliación, la importancia de garantizar la calidad de los profesionales implicados, la documentación del proceso negociador o la necesidad de claridad legislativa para evitar confusiones jurídicas.
Cumplidos dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que incorpora los UMASC como requisito de procedibilidad en el ámbito civil, es aún pronto para saber si la reforma cumplirá su principal objetivo: incentivar la resolución extrajudicial de conflictos, reducir la saturación de los juzgados y promover alternativas eficaces al litigio tradicional. No obstante, su implementación ya ha generado interpretaciones divergentes entre operadores jurídicos —jueces, abogados y otros profesionales—, lo que está provocando una creciente incertidumbre y desigualdad en su aplicación práctica. Durante la jornada se analizaron algunas controversias que ya parecen resueltas, como el carácter insubsanable de la omisión del intento de MASC, así como la idoneidad de diferentes mecanismos según el tipo de procedimiento: desde desahucios por falta de pago hasta impugnaciones de acuerdos comunitarios o divisiones de cosa común, donde quedó claro que no existe una solución única válida para todos los casos, sino que es necesario valorar el supuesto concreto y su encaje con cada herramienta disponible.
También se abordaron cuestiones prácticas complejas, como los problemas que plantea la necesidad de acreditar la recepción de la propuesta inicial en los casos de ofertas vinculantes y confidenciales, junto a otros muchos supuestos que afectan al día a día de los profesionales de la abogacía.
