El pasado viernes, el Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería, Emilio Ramírez, tuvo una reunión de trabajo con el Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, José Antonio Ruíz de la Hermosa, en la que se abordaron cuestiones de especial relevancia para la práctica profesional en materia de extranjería y nacionalidad.
Durante el encuentro, desde el ICAM se insistió especialmente en las incidencias detectadas en relación con los plazos de residencia que figuran en algunos informes policiales, los cuales en ocasiones no resultan correctos. Esta situación está generando perjuicios en la tramitación de los expedientes, dando lugar incluso a la denegación de solicitudes de nacionalidad que cumplen los requisitos legales.
Por su parte, José Antonio Ruíz de la Hermosa informó sobre la organización interna del Registro Civil Central, destacando la reciente incorporación de dos nuevos encargados a la plantilla. Esta medida tiene como objetivo mejorar la gestión del organismo, especialmente en lo relativo a la emisión de certificaciones actualmente pendientes y a la tramitación de los asientos registrales, esperando que redunde en una mayor agilidad y eficacia del servicio.
En relación con la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia, se puso de manifiesto que el año 2025 se ha cerrado con un total de 295.000 solicitudes tramitadas, lo que refleja un importante volumen de trabajo gestionado por la Subdirección. Asimismo, se destacó el buen funcionamiento de la sede digital, especialmente en lo concerniente a la tramitación de dispensas, valorándose positivamente su operatividad.
Por último, desde la Subdirección se trasladó una recomendación práctica a los profesionales en la gestión de estos expedientes, consistente en que, además de autorizar la comprobación de los exámenes del Instituto Cervantes, se aporten directamente dichos certificados al expediente, con el fin de facilitar y agilizar su tramitación.
Desde el ICAM, y en particular desde su Área de Extranjería, se valora muy positivamente este tipo de encuentros, que permiten un diálogo directo con la Administración y contribuyen a mejorar la información y la práctica profesional de la abogacía madrileña.