El Decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, y la Tesorera, Lola Fernández, participaron ayer en el acto de presentación de la nueva Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ), celebrado en el salón de actos del Consejo General de Procuradores de España. El evento reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico en torno al nacimiento de una organización que aspira a reforzar la colaboración entre todos los operadores de la Justicia.
Durante la mesa redonda, el Decano del ICAM intervino respaldando el nacimiento de PROLAJ y abordando los principales retos del colectivo, como la eficacia de la ejecución civil, la regulación de las costas, o la implantación de los MASC y la negociación colectiva. Eugenio Ribón compartió la mesa con personalidades como María Emilia Adán, decana de los Registradores de España; Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid; Alejandro Asensio, presidente de PROLAJ; Alberto García Barrenechea, secretario del CGPE y decano del Colegio de Procuradores de Madrid; Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo; y María Linacero de la Fuente, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense.
El presidente de PROLAJ, Alejandro Asensio, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo Mercantil nº 16 de Madrid, presentó los objetivos de la nueva entidad, que pretende fomentar el diálogo institucional y fortalecer la voz de este colectivo dentro del sistema judicial. Durante su intervención, subrayó la voluntad de trabajar en cooperación con las asociaciones ya existentes y con los distintos sectores de la Justicia, en un momento de importantes transformaciones para la Administración tras la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.
El acto concluyó con un ambiente de entusiasmo y compromiso por parte de todos los presentes, que destacaron la importancia de promover una justicia más eficiente y coordinada. Con esta participación, el Colegio de la Abogacía de Madrid reafirma su apoyo a todas las iniciativas que impulsen la cooperación institucional y fortalezcan la calidad del servicio público de Justicia.