Esta mañana ha comenzado el XV Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje (CEA) que, durante dos días, abordará a través de distintas mesas redondas el Arbitraje en el siglo XXI: retos y oportunidades.
El decano del ICAM, José María Alonso, acompañado por el Presidente del Club Español del Arbitraje, Carlos de los Santos, el Presidente de la Corte Internacional de Arbitraje Madrid, José Antonio Caínzos, y el vicepresidente y presidente del Comité Organizador del XV Congreso del CEA, Julio González Soria, ha inaugurado este Congreso.
En este evento se analizarán temas muy novedosos, como “El análisis económico del arbitraje”, “La inteligencia artificial en el arbitraje”, “Cambio climático y arbitraje” o “Nuevas oportunidades para el arbitraje en la economía digital”, entre otros.
El decano ha hecho referencia a la situación del arbitraje internacional, explicando que quedan “casi nueve millones de asuntos pendientes por resolver ante los tribunales de justicia” y recordando que, con un 80% de la actividad de las empresas del IBEX en el exterior, “es necesario consolidar una nueva cultura en la manera de resolver los conflictos en la sociedad”. “La institución arbitral debe saber renovarse constantemente, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ganar atractivo en las empresas deslocalizadas”, aseguraba.
Sobre el futuro del arbitraje, tema central del Congreso, José María Alonso ha expresado su opinión sobre el principal desafío al que se enfrenta el arbitraje: “incrementar la confianza en el mismo, tanto en clientes e instituciones empresariales, como en los propios juzgados y tribunales españoles”.
Para ello, según ha explicado el Decano, resulta fundamental consolidar la independencia de los árbitros y extremar cualquier medida tendente a garantizarla.
Antes de finalizar, el decano ha reiterado que “no es necesario que el Estado ayude al arbitraje en su desarrollo, pero sí que realmente apueste por este método alternativo de resolución de conflictos y forme mejor a los jueces en esta materia para que puedan ejercer un control judicial de los laudos con más seguridad jurídica”.
