El decano, José María Alonso, celebra “el importante avance” que supone la Sentencia del Tribunal Constitucional, hecha pública el pasado 9 de marzo, en la que se reconoce que denegar a un detenido información sobre las causas de su arresto puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad.
Esta sentencia es consecuencia del recurso de amparo interpuesto por un colegiado madrileño, Antonio Agúndez, en su actuación como abogado de oficio.