El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una instrucción dirigida a los miembros de la Carrera Judicial con el fin de establecer un marco de actuación claro, homogéneo y coherente para el uso de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de la función jurisdiccional. El texto será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado y pretende garantizar que la utilización de estos sistemas se ajuste tanto a la normativa nacional como al marco regulador europeo impulsado por la Unión Europea, preservando en todo caso la independencia judicial.
El documento, elaborado por la Comisión de Modernización e Informática, advierte del impacto que puede tener el uso de la IA —especialmente la generativa— sobre los derechos y libertades de las personas y fija principios rectores para su aplicación. Entre ellos destacan el control humano efectivo sobre cualquier herramienta tecnológica, la prohibición de sustituir la función jurisdiccional, la responsabilidad personal del juez o magistrado, el respeto a los derechos fundamentales y la prevención de sesgos algorítmicos.
La instrucción establece que los miembros de la Carrera Judicial solo podrán emplear aplicaciones de inteligencia artificial que hayan sido facilitadas o autorizadas por las administraciones competentes o por el propio órgano de gobierno de los jueces. Estas herramientas podrán utilizarse como apoyo técnico —por ejemplo, para localizar información jurídica, organizar documentación o elaborar esquemas y borradores internos—, pero nunca para adoptar decisiones, valorar pruebas o interpretar el Derecho.
En el caso concreto de los borradores de resoluciones generados mediante IA, el texto subraya que su uso solo será admisible como instrumento auxiliar y siempre requerirá una revisión crítica, completa y personal por parte del titular del órgano judicial, quien mantendrá la responsabilidad exclusiva sobre el contenido final.
La norma también fija límites expresos: los sistemas de IA no podrán emplearse para automatizar decisiones judiciales ni para tratar datos especialmente protegidos, ni tampoco para elaborar perfiles, predecir comportamientos o clasificar personas. Con ello, el CGPJ refuerza la implantación de un modelo de adopción tecnológica controlado y alineado con la Política de uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia aprobada por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial electrónica.