El ICAM celebra hoy el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con múltiples actos reivindicativos.
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert y la diputada de la Junta de Gobierno, Begoña Castro, han explicado hoy, en rueda de prensa, la actual situación en la que se encuentra la Justicia Gratuita en Madrid y las iniciativas llevadas a cabo por el Colegio ante la Comisión Europea mostrando su total rechazo al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
En este sentido, el Colegio de Abogados de Madrid quiere hacer constar su total desacuerdo con este Proyecto de Ley en los siguientes puntos:
1.- El proyecto crea desigualdades al reconocer la Justicia Gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar.
2.- La supresión de la extensión del derecho al beneficio de asistencia jurídica gratuita a todo el proceso limita el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
3.- La posibilidad de asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso contienen importantes carencias en asuntos referidos a la mediación, la asistencia de intérprete, la defensa en la vía administrativa previa, así como en el nombramiento de contador partidor o de administrador concursal.
4.- Cambio de modelo de un servicio público íntegramente subvencionado por impuestos, aún modelo de servicio financiado por impuestos y recaudación de Tasas Judiciales.
5.- En caso desestimatorio de la pretensión del peticionario, la Administración debe abonar abogados y procuradores directamente los honorarios y derechos devengados por su actuación.
6.- Se debe incluir como requisito para pertenecer al turno de oficio la colegiación obligatoria en el Colegio de Abogados donde el letrado solicita la inscripción en el servicio.
7.- La intervención de profesionales designados de oficio deberá ser retribuida en todo caso digna, suficiente y puntualmente con cargo a los fondos públicos actualizando los módulos vigentes.
8.- Además, debe hacerse cargo de la totalidad de los gastos que la gestión del servicio suponga para los Colegios de Abogados, así como para la prestación de los Servicios de Orientación Jurídica.