El Aula de debate del ICAM abordó anoche el fenómeno low cost en la abogacía

  • Rául Ochoa: “Desde el ICAM estamos buscando fórmulas de control para las operadoras jurídicas con políticas de precios que vulneren la competencia”

Una noche más, el Aula de Debate del ICAM, un foro en el que distintos representantes de la sociedad civil discuten cuestiones de actualidad con impacto en el mundo jurídico, abordó una de las mayores polémicas para la abogacía hoy en día: los despachos low cost.

Para ello, junto al moderador habitual, el diputado de la junta de gobierno, Raúl Ochoa Marcos, formaban la mesa de expertos: Ricardo Rodríguez Fernández, magistrado; Carlos Capa, redactor jefe de Lawyerpress; José García Berzosa, letrado socio-director de García Enciso Abogados y Consultores; e Isidro Moreno de Miguel, portavoz de la Asociación ALTODO.

¿Qué se entiende por low cost?

Enclavar el objeto de debate fue la primera cuestión que generó cierto desacuerdo entre los ponentes. Para Rodríguez, se trata de aquellos despachos que “reducen los costes utilizando tecnología, sistemas que agilizan las consultas de clientes… aumentan la productividad para compensar las minutas inferiores”, coincidiendo con García, para quien “la definición real es adaptar el propio despacho a las nuevas tecnologías”. Moreno sin embargo, más crítico, lo calificó como la práctica de ofrecer “a un precio muy inferior al de la práctica forense habitual servicios jurídicos”, incluyendo en dicha definición actuaciones pro bono y entidades que proporcionan el servicio incluso con estudiantes de Derecho, o con administrativos sin formación jurídica, lo cual supone además “intrusismo profesional que obedece a la necesidad de compensar los menores ingresos”. Según Moreno, implica además “desprestigio y precarización para la profesión, y provoca un efecto arrastre para el resto” al aplicar una política de precios agresiva que el resto se ve obligado a perseguir para no perder cuota de mercado. El portavoz de ALTODO no desaprovechó la ocasión de parangonar la reciente privatización del SOJ por parte del Ayuntamiento de Madrid, “basta ser licenciado para porporcionar el servicio, incluso estudiante, y se incluye la prohibición expresa de asesorar en contra de los intereses del Ayto., lo que supone un claro conflicto con las leyes de asistencia jurídica gratuita y de defensa de la competencia”.

El abogado empresario Vs despachos piratas

“Nada es gratis y entre la abogacía no gusta el concepto low cost”, comenzaba su intervención Capa. El periodista señaló que, en el contexto capitalista actual, “al final se venden cosas, y es importante entender que el abogado en el fondo es un empresario, que trabaja sobre algo muy importante como son los derechos y libertades de las personas, que no es lo mismo que vender tornillos y tueras, pero sigue siendo un negocio”, indicó. Rodríguez también advirtió que el “low cost ha irrumpido en nuestra sociedad, todo tiene low cost, viajes, libros, logística… pero hay que distinguir lo que es mera compra o intercambio de mercancías y un servicio como es la abogacía”. Sin embargo, el magistrado matizó que no es lo mismo ajustar la minuta que “ofrecer precios a la baja de manera injustificada y sin que sea rentable para el abogado, los denominados despachos pirata, esto sencillamente es deslealtad profesional”, sentenció.

En este sentido, Ochoa refirió que hay cierta proliferación de operadoras jurídicas bajo una figura social que escapa al control deontológico y no les somete a las normas del estatuto de la abogacía, por lo que “desde el ICAM estamos buscando fórmulas para controlar este tipo de actividad, empresas sin escrúpulos que sólo buscan facturar y además engañan al cliente, ya que no sólo desprestigian la profesión, sino que al final repercute en la ciudadanía y en su derecho de acceso a la justicia”, declaró.

Un buen servicio es incompatible con el low cost

Y es que, todos los ponentes coincidieron en que cualquier abogado, en general, cuando se ocupa de la defensa de una persona se entrega al cien por cien, “no todo el oro del mundo vale un año de prisión”, postulaba Rodríguez. El magistrado, centrándose eso sí en el ámbito penal, resaltó que “el derecho de defensa debe ser efectivo y material, no puramente formal”, tal y como ha señalado la jurisprudencia nacional y supranacional, “el abogado no basta con que esté simplemente presente, debe de actuar, y esto requiere tiempo y conocimientos que resultan incompatibles con la abogacía low cost”. A modo de ejemplo, García aconsejaba “huir de las ofertas de divorcios en groupon por 300 euros en las que el abogado se lleva 150 y los otros 150 es para la comercializadora”.

Aunque, como advertía Capa, “hay que apuntarse al mercado, el mercado lo regula todo”, parece que el tema estriba en encontrar un equilibrio entre poder adaptar los precios atendiendo a las circunstancias del cliente, aprovechando ventajas productivas y herramientas tecnológicas, pero sin que exista ningún tipo de merma ni intromisión en el asesoramiento jurídico que, como recordaba Moreno, está vedado al profesional colegiado.

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