Tras dos intensas jornadas en las que más de 50 especialistas han analizado desde una perspectiva jurídica el presente y el futuro del sector financiero, el III Congreso ICAM de Derecho Bancario ha concluido este viernes con la presentación de sus conclusiones. El diputado del ICAM José Ramón Couso, director del mismo, acompañado por los también diputados Ana Buitrago y José Ignacio Monedero, el vicesecretario General del Banco de España, Jaime Herrero, y el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, ha hecho públicas las 10 conclusiones alcanzadas durante el encuentro.
Entre otras cuestiones, los participantes consideran que la evolución normativa reciente y algunos proyectos legislativos ofrecen dudas sobre la desprotección que puede derivarse para empresas y consumidores, a quienes no se puede sustraer el derecho constitucional a contar siempre con asistencia y asesoramiento legal.
Además, advierten de que la irrupción de la tecnología está cambiando el paradigma para los abogados del sector, que requieren una capacitación técnica que exige una constante formación y apoyo de sectores tecnológicos. Respecto al euro digital, opinan que afectará de lleno a los abogados más allá del sector bancario, que su implantación real será probablemente más rápida a la esperada y que tendrá unas enormes consecuencias legales.
Y respecto a los males endémicos del sistema judicial español, los especialistas en Derecho Bancario creen que disuaden a inversores y proyectos generadores de empleo y riqueza, y que ocasionan innumerables costes para clientes, incertidumbre e inseguridad jurídica.
Ante esta situación, apuestan por impulsar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o los nuevos mecanismos prejudiciales de gestión de las insolvencias. Un contexto en el que la Corte de Abitraje del ICAM aspira a tener un mayor protagonismo “por su calidad, especialización, transparencia y servicio”, según ha destacado su presidente, José Ignacio Monedero en las palabras de clausura.
Por su parte, la Diputada Ana Buitrago, ha puesto en acento en la importancia de que el sector incorpore a su gestión criterios de sostenibilidad al ser críticos “para la viabilidad a largo plazo de cualquier organización y también una gran oportunidad como factor de innovación” y en el papel de la abogacía para impulsarlos.
CONCLUSIONES
1. El Derecho Bancario se revela como disciplina autónoma y en constante evolución normativa y jurisprudencial, con singularidad propia y transversalidad en otros ámbitos legales no estrictamente bancarios: fiscales, consumidores, tecnología, compliance, procesales, regulatorios, derecho de insolvencias, gestión de npl’s, financiación alternativa, sostenibilidad, RSC, gobierno corporativo, etc.
2. La abogacía y el sector bancario tienen, entre sus objetivos, la presentación de servicios (profesionales y financieros, respectivamente) basados en la confianza a los clientes y la necesidad de eficacia, solvencia y desde la salvaguarda reputacional de sus funciones.
3. Las entidades financieras, en su diferenciado marco normativo, tienen especiales deberes de solvencia, buen gobierno y de relación con los stakeholders, en el que los abogados internos y los externos deben tener muy presente los valores que sustentan una función esencial para particulares y empresas con un enfoque socialmente sostenible.
4. La evolución normativa reciente y diversos proyectos legislativos ofrecen dudas sobre la desprotección que puede derivarse para los clientes (empresas y consumidores) que precisan y tienen derecho a contar siempre con asistencia y asesoramiento legal: no se puede sustraer ese derecho constitucional en el ejercicio de acciones colectivas o en reclamaciones ante bancos, compañías de seguros, etc.
5. La tecnología blockchain ha irrumpido en el ámbito mercantil a través de la modificación de la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento MICA que cambia el paradigma para los abogados del sector y que exigen de una capacitación técnica que exige una constante formación y apoyo de sectores tecnológicos.
6. El euro digital es un ambicioso proyecto transformador que afectará de lleno a los abogados más allá del sector bancario, al incidir en economías domésticas y empresariales, con una implantación real quizá más rápida a la anunciada (2026) por el empuje de otros países (China, India, EEUU, en desarrollo….) Y con enormes consecuencias legales.
7. Los retrasos endémicos, falta organización y medios del sistema judicial español plantean un grave problema para toda la abogacía y, sin dudas, para los operadores financieros y bancarios y son un lastre para España, que disuaden a inversores y proyectos generadores de empleo y riqueza y que ocasionan innumerables costes para clientes, incertidumbre e inseguridad jurídica.
8. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son una alternativa en la que la abogacía debe estar especialmente dispuesta para ofrecer soluciones legales ágiles y seguras a los clientes, bancarios o no, aunque hay esquemas legales aún muy rígidos para que los bancos y acreedores financieros puedan acudir con mayor frecuencia a mecanismos como el arbitraje.
9. Los nuevos mecanismos prejudiciales de gestión de las insolvencias son potentes instrumentos legales que propician la salida con menor coste y tiempo para las empresas en situación de insolvencia (actual, inminente o probable), siendo indispensable la formación y especialización de los abogados que asesoren a empresas, acreedores bancarios y comerciales, y en los que la participación judicial es residual y solo necesaria para ampliar los efectos de la reestructuración a través de la homologación judicial.
10. El papel de la financiación pública en la recuperación económica y el apoyo especializado de la abogacía se manifiesta en la financiación “verde”, que tiene muy en cuenta la observancia de los criterios ESG y proyectos para empresas españolas y start-ups en los que la contribución de la abogacía a la economía circular, a la igualdad y diversidad es decisiva.
ponentes
Más de 50 especialistas del sector bancario se reúnen en el Congreso
Jornada 1
Tras la inauguración institucional del Congreso, que corrió a cargo de la Presidenta Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; del Decano del ICAM, Eugenio Ribón; y de los Diputados de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ramón Couso y Mábel Klimt, tuvo lugar la conferencia inaugural de Amparo López Senovilla, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La primera mesa redonda, titulada “Supervisión, Compliance y Gobierno Corporativo en el sector bancario”, ha sido moderada por Carmen Alonso, exconsejera del Banco de España, Catedrática Derecho Mercantil y presidenta de la sección de Derecho mercantil de la Comisión General de Codificación. La mesa ha contado con la intervención de Eduardo Ávila, Head of Global Supervisory Relations BBVA; Ana Burgos, Letrada de la División de Idoneidad y Registro de Altos Cargos en BANCO DE ESPAÑA; Lucía Calvo, Directora cumplimiento normativo, regulación y gobierno corporativo en Bankinter; Ignacio Caparroso, Jefe de Regulación en FROB; Pedro Cadarso, Asesor en temas prudenciales y de supervisión en A.E.B.; y Pedro Giner, Director Asesoría Jurídica en CECA.
“El Euro Digital” fue el tema tratado en la segunda mesa redonda, en la que participaron Juan Luis Encinas, Director General IBERPAY; Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ex Gobernador del Banco de España; Efrén Pérez Borges, letrado asesor en Banco de España; Fanny Solano, head of Digital & Retail Regulation, Transparency & Implementation at CaixaBank; Member of the Digital Euro Market Advisory Group at European Central Bank; y Francisco Uría, responsable global de banca y mercado de capitales en KPMG y socio responsable del sector financiero en KPMG España. La mesa fue moderada por Lola Conde, directora en la Asesoría Jurídica e Interna de SANTANDER y Co-presidenta Sección Abogados de Empresa ICAM.
Ana Felicitas Muñoz, profesora Derecho Mercantil Universidad Rey Juan Carlos, fue la moderadora de la tercera mesa del Congreso, titulada “Novedades en Criptoactivos, Blockchain y seguridad jurídica bancaria”. En ella participaron Francisco Del Olmo, subdirector responsable Fintech y Ciberseguridad CNMV; Paula Gámez, abogada – Socia en Ceca Magán Abogados; Ignacio González Hernández, registrador de la Propiedad, vocal de la Junta de Gobierno del CORPME de Nuevas Tecnologías y oficinas liquidadoras; Manuel González Meneses, notario de Madrid; Alfredo Muñoz, profesor Derecho Mercantil Universidad Complutense y Of Counsel Grant Thornton; y Cristina Villasante, abogada – Socia en Écija.
La cuarta mesa de la jornada abordó el tema “La compra y gestión carteras de NPL’s y la Directiva 2021/2167” y estuvo moderada por José Carlos González Vázquez, profesor Titular Derecho Mercantil U. COMPLUTENSE y Socio en Ceca Magán Abogados. La sesión contó con la intervención de Cristina Boserman, secretaria del Consejo de TARGOBANK; Ignacio González, head of Legal en GESCOBRO; Alberto Martín del Campo, director de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago en el Tesoro – Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital; Carlos Ruiz Cabrera, director Legal & Compliance en Intrum Spain – Presidente de ANGECO; Sergio Serrano Escobedo, director Proyectos Singulares en Banco Sabadell; y Ángel Valero Fernández-Reyes, registrador de la Propiedad
La última mesa de la primera jornada abordó el tema “Retos jurídicos para las Entidades de Crédito, proyectos legislativos y jurisprudencia reciente” con la moderación de Lorenzo Prats, catedrático Derecho Civil – Secretario Gral. y Director Dpto. Derecho CUNEF. La mesa contó con la participación de José Ignacio Canle Fernández, director Asesoría Jurídica Contenciosa y Gestión Judicial ABANCA; Adolfo Fraguas Bachiller, director Asesoría Jurídica BBVA España; Gabriel Morales Arruga, director Asesoría Jurídica IBERCAJA; José Heraclio Peña, asesoría Jurídica Santander España; Ignacio Redondo Andreu, CaixaBank; y Jesús Sánchez García, Decano ICAB.
Jornada 2
La segunda jornada del Congreso contará con tres ponencias inaugurales a cargo de Francisco Serrano Gil de Albornoz, presidente de IBERCAJA;Fernando Conlledo, secretario General CECA; ySegismundo Álvarez, notario y presidente Fundación Hay Derecho.
A continuación, se desarrollará la sexta mesa redonda del Congreso: “Reestructuración de empresas y el rol de los acreedores bancarios”, moderada por Santiago Torent, abogado y Economista – Socio en Ceca Magán Abogados. En ella participarán Juan José Asegurado, SSJJ Financiación Bancaria y Residencial – Responsable Empresas BBVA; Lluis Farrés, director AJ Concursal y Reestructuraciones en CaixaBank; Juan Amat, abogado. Dirección Seguimientos Especiales Crédito Corporativo y Empresas en Banco Sabadell; Juana Pulgar Ezquerra, catedrática Derecho Mercantil U.Complutense – Of Cousel en Latham & Watkins – vocal permanente de la Comisión General Codificación; Luis M. Sánchez Velo, director Asesoría Jurídica de Reestructuraciones y Situaciones Especiales – Banca Mayorista en SANTANDER España; y Rosana Viejo, legal Manager Bankinter.
Pilar Villaseca, directora Financiación Estructurada Banco Cooperativo Español, fue la moderadora de la última mesa, titulada “Financiación institucional para desarrollo económico y social sostenible”. En ella intervendrán Marta Blanco Quesada, presidenta CEOE Internacional; Tony Fernández Arias, chief Counsel, Head of Operations – Europe Development Bank; José María Fernández Martín, deputy General Counsel – European Investment Bank; Cayetana Lado Castro-Rial, directora Asesoría Jurídica y Secretaria Consejo en ICO; Javier Morales, secretario Consejo y Director Asuntos Jurídicos en SEPI; y Juan Antonio Ureña Salcedo, Jean Monnet Chair European Banking Public Law – Universidad de Valencia.
Por último, el Congreso será clausurado por José Ramón Couso, diputado Junta de Gobierno ICAM; Ana Buitrago, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM; José Ignacio Monedero, presidente de la Corte de Arbitraje y Secretario de la Junta de Gobierno del ICAM; Jaime Herrero, vicesecretario General del Banco de España; y Jacobo Fernández, secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.