El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid celebró ayer la reinauguración de su Sección de Competencia, que asume una nueva etapa bajo la presidencia de Álvaro Pascual, Oriol Armengol y Maritza Núñez.
El evento contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito legal y judicial, así como con la presencia de Eugenio Ribón Seisdedos, Decano del ICAM, quien dio la bienvenida a los asistentes y expresó sus mejores deseos para los copresidentes en esta nueva etapa.
José Ramón Couso, Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, también estuvo presente en la inauguración y destacó la valiosa labor desinteresada de los presidentes de Secciones.
Por su parte, Maritza Núñez fue la encargada de presentar a los asistentes la composición del nuevo Consejo Asesor de la Sección, un grupo de expertos que desempeñarán un papel fundamental en los proyectos a impulsar.
La sesión fue moderada por Oriol Armengol, quien hizo hincapié en las diversas perspectivas del Derecho de la Competencia y presentó a los destacados ponentes: Cani Fernández, Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; y Santos de Gandarillas Martos, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional.
Durante sus intervenciones, Cani Fernández abordó el concepto de empresa y la importancia de su correcta definición según la Ley de Defensa de la Competencia y el derecho europeo. Asimismo, destacó la necesidad de evitar posiciones dominantes de las administraciones públicas en ciertos ámbitos del mercado.
Por su parte, Santos de Gandarillas profundizó en el control de monopolios a lo largo del tiempo, subrayando la importancia de vigilar tanto a la iniciativa privada como a la administración en el mercado. Hizo especial hincapié en la necesidad de supervisar las prerrogativas del derecho público, donde la administración también puede cometer infracciones en el ámbito del derecho de la competencia.
Ambos ponentes coincidieron en la importancia de vigilar las conductas que van en contra del derecho de la competencia, incluyendo a la Administración como sujeto que puede incurrir en infracciones. Destacaron que la administración corporativa, al tener una naturaleza público-privada, ha sido la más sancionada, generando desafíos de tipificación en diversas áreas, como el sector farmacéutico o la propia abogacía institucional al referirse a los baremos.
