Arranca la actividad del Observatorio de DDHH del ICAM con una jornada de análisis de la situación de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial

El Observatorio de DDHH del ICAM, recientemente aprobado por la Junta de Gobierno, dio ayer su pistoletazo de salida con la celebración de una jornada sobre repatriación de activos y defensa de los Derechos Humanos que se centró en la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.

El Diputado Bibliotecario del ICAM, Emilio Ramírez, y la abogada especializada en DDHH, Maite Parejo, serán los encargados de presidir este nuevo Observatorio.

“Los abogados somos los primeros que advertimos ciertas situaciones que pueden resultar vulneradoras de DDHH e intentamos prevenirlas, en otras ocasiones que se están produciendo intentamos que cesen y desgraciadamente en demasiadas ocasiones vemos cómo se producen esas vulneraciones e intentamos repararlas de alguna manera. Por eso el Observatorio nace con una vocación de impulsar determinadas actividades que nos ayuden a los abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión”, explicó Maite Parejo en sus palabras inaugurales.

A continuación, se celebraron dos mesas redondas en las que se analizaron los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y la recuperación y repatriación de activos.

La primera de ellas, contó con la intervención del jurista Anacleto Micha Ndong, de la activista Rusly Cachina Esapa y de la escritoria Remei Sipi Mayo, quienes hicieron referencia a las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Guinea Ecuatorial, especialmente entre las personas LGTBIQ+.

La segunda mesa redonda, moderada por Tutu Alicante (EG Justice), contó con la participación de Sara Brimbeuf, jurista, TI-Francia – virtual; Jackson Oldfield, activista, CIFAR; y Aitor Martínez, abogado. Todos coincidieron en la necesidad de recuperar los activos financieros y los fondos destinados a Guinea Ecuatorial y apostaron por confiar en la Justicia de terceros Estados para la persecución de estos activos ya que en Guinea Ecuatorial no hay un sistema judicial independiente que garantice la repatriación de activos.

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