El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, tras un prolongado proceso legislativo. Esta normativa, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado, pretende “modernizar y hacer más ágil el sistema judicial mediante reformas organizativas y procesales”.
Entre las medidas organizativas más destacadas, a juicio del Ministerio de Justicia, la ley contempla la creación de los Tribunales de Instancia, que integrarán los actuales juzgados unipersonales en una estructura colegiada por partido judicial. Esta transformación reducirá los más de 3.800 juzgados existentes a 431 Tribunales de Instancia, promoviendo la especialización, la uniformidad en los criterios judiciales y una distribución más equitativa de las cargas de trabajo. Además, se establecen las Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionarán como enlaces directos entre los ciudadanos y la Administración de Justicia, facilitando la realización de trámites tanto presencial como telemáticamente.
En el ámbito procesal, la norma fomenta el uso de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación y el arbitraje, especialmente en los órdenes civil y mercantil. Con ello se pretende “reducir la carga de trabajo en juzgados y tribunales, reservando la intervención judicial para casos estrictamente necesarios y garantizando los derechos de las partes”.
Sin embargo, en este punto, a pesar de los avances que representa la norma, en especial por el fortalecimiento del papel de los Colegios profesionales y la abogacía en los de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha expresado su preocupación por ciertas disposiciones, particularmente en relación con la procedibilidad vinculada al uso de los MASC.
El ICAM se ha manifestado en contra de la imposición de condenas en costas a quienes no recurran a estos medios antes de iniciar un proceso judicial, advirtiendo que esta medida podría generar desigualdades y constituir un obstáculo para el ejercicio de derechos fundamentales.
Además, el ICAM ha venido defendiendo la importancia de garantizar la asistencia letrada en los procedimientos relacionados con los MASC y ha subrayado la necesidad de una supervisión adecuada en su implementación.