Las alarmas saltaron hace un año. El I Estudio sobre la situación de la abogacía madrileña, elaborado por el ICAM en colaboración con GAD3, revelaba una situación preocupante: a pesar de que uno de cada siete abogados en Madrid había sufrido algún tipo de maltrato en su ejercicio profesional, la mayoría (un 61%) optaba por no denunciar esta vulneración de sus derechos. Entre quienes deciden denunciarlo, apenas unos pocos presentan una queja formal ante su Colegio.
En este contexto, la Junta de Gobierno del ICAM decidió redoblar los esfuerzos de la corporación para dar a conocer a los colegiados todos los recursos disponibles para su protección, con especial hincapié en el amparo colegial, una herramienta esencial para proteger la dignidad, independencia y libertad de los abogados. Para ello, se impulsaron distintas acciones en materia de difusión, formación y accesibilidad, con campañas de comunicación, talleres formativos y mejoras en la web para dar mayor visibilidad y facilitar la presentación de las solicitudes. Los resultados no se han hecho esperar.
Con la tramitación de 40 expedientes de amparo, de los cuales 10 han sido concedidos por la Junta de Gobierno, en los seis primeros meses de 2024 se han superado las cifras de todo el año anterior, en el que se tramitaron 29 solicitudes en total, con 8 amparos concedidos. Si se compara con el año 2022, cuando se recibieron apenas 13 solicitudes y se concedieron tres amparos, la evolución resulta aún más drástica.
Estos números, tal y como reconocía recientemente el diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, “reflejan el compromiso de esta Junta con la protección de la abogacía, asegurando que pueda desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas”.
Con todo, ya sea por desconocimiento de la institución del amparo colegial o por temor a perjudicar a los clientes, las cifras siguen siendo bajas teniendo en cuenta la cantidad de actos procesales y administrativos que se producen diariamente, por lo que se seguirá trabajando para difundir este mecanismo con el objetivo de blindar el ejercicio del derecho fundamental a la defensa de los profesionales de la abogacía.