El Salón de Actos del Colegio acogió ayer una jornada organizada por el Centro de Estudios para tratar, desde una perspectiva transversal, los aspectos jurídicos en el tratamiento de la desaparición de personas con el objetivo de dar a conocer a los asistentes esta situación desde el punto de vista práctico ya que el abogado se presenta como el primer interlocutor entre las familias y las Administraciones Públicas.
“Desde que una persona desaparece hasta que pueda contarse con la declaración de fallecimiento pueden pasar entre 11 y 13 años, periodo durante el que pueden estar abiertos distintos procedimientos civiles y penales”, explicaba el director del curso y catedrático de la UAM Ricardo García García, quien se encargó durante su ponencia de abordar el derecho a la libertad de creencias, la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de la personalidad en relación con el derecho a la libre circulación para terminar analizando el fenómeno de la sectas en España.
El catedrático, que también actuó como moderador de la primera mesa redonda, hizo hincapié en la preocupación social existente sobre este tema recordando que “son más de 12.000 personas las que se encuentran desaparecidas en nuestro país y se estima en torno a 400.000 personas las que pueden estar involucradas en algún tipo de secta en España”.
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Por su parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Prats Albentosa trató los aspectos relacionados con las declaraciones de ausencia y fallecimiento, analizando el Código Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Además, mencionó los procesos de incapacitación cuando nos encontramos ante personas que presentan alguna limitación que les impide regirse por sí mismas, lo que llevó a comentar aspctos relacionados con el Derecho de Familia como la tutela, la curatela o la guarda de menores.
La importancia del Derecho Procesal para hacer frente a este problema fue el tema analizado por el decano y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Damian Moreno, quien aportó una visión desde el análisis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal haciendo especial referencia a las pruebas que la última reforma procesal-penal permite aplicar en el proceso, como la geolocalización o el rastreo de comunicaciones móviles.
Otras facetas colaterales a la labor del abogado como son las relacionadas con la comunicación, la opinión de las asociaciones representativas de las familias de los desaparecidos o a la protección de datos de carácter personal también fueron analizadas durante la sesión.
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Así, Rosa Tourís López, delegada de Protección de Datos y co-autora del protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, analizó en profundidad dicho protocolo y disertó sobre la protección de datos de carácter personal en torno al tema, abordando temáticas especialmente necesarias en la práctica como la figura del “interesado”.
El presidente de la asociación “SOS desaparecidos”, Joaquín Amills, se detuvo en la figura de la víctima desde su cualificado conocimiento de las familias de las personas desaparecidas y, especialmente, habló de la aportación de los diversos profesionales en este proceso, destacando la labor del abogado en el acompañamiento de los familiares.
El director de Comunicación del Colegio de Abogados de Madrid, Alfonso Merlos, orientó a los abogados en la necesaria interlocución con los medios y la importancia de contar con un portavoz cuando estamos ante situaciones especialmente mediáticas en el ámbito de los desaparecidos y comentó aspectos interesantes relacionados con el equilibrio entre la información y la defensa de los derechos concurrentes de las víctimas, alertando del cada vez más abundante crecimiento de las conocidas “fake news”.
Para finalizar, el catedrático Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Javier Álvarez García, abordó una de las facetas más relevantes del problema de la desaparición de personas: “las desapariciones forzosas”. Así, Álvarez García citó elementos de justicia penal tanto nacional como internacional y analizó cómo se aplican los tipos penales para tratar estas desapariciones, explicando que el manejo del derecho penal en este tipo de desapariciones supone conocer la tipología delictiva que abarcan una gran cantidad de comportamientos punibles dependiendo cada caso.