Durante la semana del 20 de marzo de 2017, el Ministerio público turco emitió órdenes de detención contra gran número de abogados que defendían los intereses de sus clientes, acusados de pertenecer al movimiento instigador del fallido golpe de estado de julio de 2016 en Turquía.
El 2 de junio de 2017, el Observatorio Internacional de Abogados en Peligro (OIAD) ya expresó mediante un comunicado la preocupación por la intensificación de la represión ejercida por las autoridades turcas contra los abogados, identificándolos con la causa de sus clientes.
Este año, el “Día de la Abogacía Amenazada”, celebrado el pasado 24 de enero, se centró en la situación de los letrados en Turquía, un país que suscita preocupación por el progresivo debilitamiento del Estado de Derecho. Según se ha pronunciado la Fundación del CGAE, por la información recibida, 594 abogados han sido detenidos, 1.546 han sido procesados judicialmente y 216 han sido condenados a penas de prisión. Estos ataques no solo afectan a los abogados y abogadas, sino a la sociedad en su conjunto, al comprometer las garantías procesales cuando se limita o se impide el derecho de defensa.
Recientemente, el 20 de marzo de 2019, el 37º Alto Tribunal Penal de Estambul, en el Palacio de Justicia de Silivri, anunció su veredicto en el caso de la ÇHD (ÇağdaşHukukçularDerneği, Asociación de Abogados Progresistas). Los abogados han sido condenados a penas de prisión entre 2 años, 13 meses y 15 días y 18 años y 9 meses. La Corte dictó sentencia sin tener en cuenta la defensa de los abogados.
Dada la sucesión de hechos, y en relación a los mismos, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a través de su departamento de Defensa de la Abogacía, quiere expresar su directa y total repulsa y condena frente a la flagrante violación del derecho de defensa y los principios básicos de un juicio justo, que deja al descubierto la mencionada sentencia condenatoria, al haberse visto comprometidas las garantías procesales básicas del procedimiento. Asimismo, el ICAM pone de manifiesto, una vez más, su compromiso sin reservas y sin tregua con la protección efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas, sin limitación de fronteras ni gobiernos.