Desde el área de la Defensa de la Abogacía del Colegio se han denunciado ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid situaciones de retrasos en la práctica de actos procesales y celebración de vistas, así como las dilaciones indebidas sufridas en la tramitación de procedimientos, que obedecen a desajustes en el funcionamiento de la Administración de Justicia por la deficitaria gestión de determinadas oficinas judiciales.
Para la Defensa de la Abogacía “resulta intolerable que la práctica de una diligencia judicial se demore hasta seis horas” y aseguran que, aunque tal vez sea este un caso extremo del que han tenido conocimiento, son “bastante habituales” los retrasos en la práctica de declaraciones o celebraciones de vistas de más de dos horas, que finalizan sin facilitar al abogado/a y a las partes ninguna explicación al respecto.
En opinión de la Defensa de la Abogacía, “no se puede consentir que algunas oficinas judiciales decidan, a su albur y con total impunidad, en interés propio, sobre el tiempo de los abogados y abogadas”, en detrimento de una Administración de Justicia de calidad, respetuosa con los profesionales y los ciudadanos intervinientes en el proceso.
También han querido destacar las dilaciones en los procedimientos, que se demoran años en su tramitación y cuyos datos concretos se han facilitado desde el Colegio a los estamentos citados. Por hacer mención a dos casos concretos de los que la Defensa de la Abogacía ha tenido constancia, esta área ha protestado por dos casos cuya vista se celebró el pasado 9 de julio de 2015 y el 10 de noviembre de 2016, respectivamente, en los que, a día de hoy, aún no se ha dictado sentencia.
Aún a sabiendas de la carencia de medios humanos y materiales y de los problemas estructurales históricos de la Justicia, para la Defensa de la Abogacía “esto no debe ser excusa para el aquietamiento y la conformidad, sino motivo para aunar voces y esfuerzos para conseguir logros y mejoras en este sector que los profesionales y la ciudadanía merecen”.
En palabras de los responsables de esta área del Colegio, una Justicia de calidad es aquella que cuida los tiempos y las formas, lo que no solo es exigible a las partes intervinientes, a los ciudadanos, a los abogados y abogadas, y a cualesquiera otros profesionales, sino que es “una exigencia bidireccional aplicable con la misma intensidad e imposibilidad de transgresión sin sanción a los órganos judiciales encargados de dar cauce al proceso”. Así, en un Estado de Derecho que promueve y vela por la paz social, “son inadmisibles ciertos privilegios injustificables y sin amparo legal ni normativo alguno de los que gozan órganos jurisdiccionales y funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía”, han destacado.
En este sentido, ha señalado que la tutela judicial efectiva “quiebra si se rompen las formas y los tiempos”, ya que los plazos óptimos y razonables son su garantía, y ha hecho hincapié en que “la arbitrariedad en la gestión de los tiempos del proceso y, consecuentemente, en sus formas no puede tener acogimiento en una sociedad avanzada donde se garantice el acceso de los ciudadanos a una justicia eficiente y de calidad”. Por eso, los responsables de esta área del Colegio han querido recordar que “corresponde al órgano judicial razonar, justificar y defender la razón por la que ha tardado más tiempo del razonable en practicar una diligencia, celebrar una vista o tramitar un procedimiento”.
Para finalizar, la Defensa de la Abogacía ha incidido en que el Colegio de Abogados de Madrid denunciará de forma concreta e individualizada todas aquellas situaciones de las que tenga conocimiento y que supongan una disfunción o un freno para la consecución de la optimización en la Administración de Justicia y exigirá “una Justicia transparente, eficiente y respetuosa con ciudadanos y profesionales”.