Anoche, una nueva sesión del Aula de Debate del ICAM afrontó una de las cuestiones que más preocupan y ocupan a la actualidad socio-política de nuestro país: la internacionalización del conflicto catalán y los desafíos jurídicos que plantea. Lo hizo ofreciendo, una vez más, una perspectiva multidisciplinar desde los sectores más representativos dentro del mundo jurídico y de la sociedad civil.
Para ello, conformaban la mesa el diputado de la Junta del Gobierno responsable de Formación, Raúl Ochoa Marcos, encargado de moderar el debate; el abogado Silverio Fernández Polanco; el catedrático de Filosofía Jurídica y Política y Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Suñé Llinás; y la periodista Anna Grau.
La gestación del conflicto
Los ponentes, primeramente, trataron de aproximarse al origen de la situación. Para Suñé, “todo parte de un problema irresuelto de integración territorial que la CE, a través del sistema de autonomías, no ha logrado proporcionar”.
Fernández, sin embargo, consideró que es resultado “de una falta apoteósica de cultura política, de los ciudadanos en general y los políticos en particular”, recordando que la Constitución, en su momento, recibió “el apoyo mayoritario de los catalanes”. A pesar de ello, destacó Fernández, “la izquierda que entonces se decía marxista, se hizo nacionalista, apoyando así la desigualdad territorial” y, a partir de aquí, “la necesidad de votos nacionalistas para formar gobierno ha generado un sistema tradicional de concesiones a Cataluña”.
Pero, si la Transición tuvo fallos, la “falta de diálogo actual”, que entiende Suñé que sucede, tampoco ayuda: “Desde un lado, porque presentan una decisión unilateral, y decir si sí o si no es diálogo; y, desde el otro, porque se usa la Constitución no tanto para construir sino como auténtico escudo”, apuntó el catedrático.
El escenario internacional
El derecho a la autodeterminación que postulan los independentistas “no es aplicable a la situación catalana, ya que sólo se prevé para situaciones coloniales o cuando exista persecución por razones étnicas o análogas”, indicó Suñé, encargado también de explicar las fallidas extradiciones de los imputados del procés huidos.
Pese a que las eurórdenes son un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales de los países miembros, Suñé señaló que “en Bélgica ni se tramitó” porque “se consideró que no se cumplía el requisito de una orden de detención nacional previa, ya que Llarena únicamente se remitía a la de la juez Lamela”. Alemania, sin embargo, entendió que sí era conforme, pero “al no estar el delito de rebelión entre los 32 previstos de entrega obligatoria sin más trámites”, y aunque el ordenamiento germano contempla un delito parecido de traición cuando se subvierte el orden de los estados, finalmente el tribunal consideró que no se había dado “violencia en grado suficiente” y accedió a la extradición de Puigdemont, pero únicamente por el delito de malversación. Para Suñé lo que subyace y genera recelos entre los jueces europeos es que “se trata de una cuestión política”.
Mala gestión política
La mesa mostró consenso en torno a la falta de satisfacción con la gestión del conflicto. “Cataluña ha estado históricamente mal gobernada”, aseveró Grau, añadiendo que “las ínfulas de independentismo son proporcionales a la incompetencia de los regidores”.
La distensión, como explicó Fernández, se agranda con la crisis, pues favorece la búsqueda de un “enemigo externo” que, en este caso, es España. “El independentismo hace un llamamiento a la emocionalidad, invoca la fibra sensible, y cala muy bien”, señaló el letrado. Pero, principalmente, lo que sucede es que “en España no tenemos estadistas sino políticos y, citando a Churchill, los segundos piensan en elecciones mientras que los primeros lo hacen en generaciones”. Por eso, para Fernández la cuestión “tiene mucho de problema inventado por los políticos, pues es muy difícil manejarse en este calado cuando no hay estadistas”.
Brecha social
La situación generada entre los catalanes, sin duda, fue el aspecto que más preocupó a los ponentes. “La mitad de los catalanes sufre malos tratos civiles por parte de gente que se ha arrogado la representación de Cataluña y el control de las instituciones y que sólo muestran sonrisas mientras no se les lleve la contraria; existe una tensión insoportable”, denunció Grau. La periodista también remarcó que “no viene de ahora, es una situación que lleva décadas instalada gracias a las carencias de los políticos que no han sabido o no han querido afrontarla”.
Este es el mayor desafío, coincidió Fernández, quien explicó que “la brecha espectacular que se ha abierto en Cataluña, que en términos cuantitativos podemos fijarla en un 50%, está dividida por la mitad. El mayor reto es mitigar la fractura y dejar de ser un escenario de confrontación social”.
La reforma constitucional como solución
Por su parte, el diputado responsable de Formación del Colegio, Raúl Ochoa, se mostró contrario a la diferenciación constitucionalista/no constitucionalista ya que “es un término que usan los políticos y los medios de comunicación”, señaló. El diputado también crítico que el Estado “use la CE para defender la legalidad cuando unos defienden que fue la Constitución del consenso y, para otros, fue un parche”. Sin embargo, como destacó el diputado, “parece claro que en muchos puntos la Constitución está obsoleta”, por lo que abogó por “dotar de imaginación” para encontrar el encaje de todos.
En este sentido, Fernández también apuntó que “se podía revisar el encaje constitucional de Cataluña ya que a la gente joven no le da miedo el federalismo”, y Suñé confió en que “seamos capaces, unidos en la diversidad, de encontrar un proyecto nacional colectivo”.
“A veces el encaje no funciona por voluntad de los encajados”, matizó Grau, y es que “la identidad es algo tan apasionante que cada uno tiene una”. En este sentido, la periodista explicó que “estaba programada para desconectar del resto de España, pero no lo hice por amor a la literatura, no podía dejar a Quevedo”. Por eso, la periodista, que considera que “Cataluña está rota y los políticos han fallado”, concluyó encomendándose a los juristas: “Nos quedan ustedes, espero que la Ley ampare la convivencia”, declaró.