El Tribunal Supremo ha sido escenario esta mañana del solemne acto de apertura del Año Judicial, una ceremonia presidida por el rey a la que el decano del Colegio, José María Alonso, ha asistido en representación de la Abogacía madrileña junto al resto de la cúpula judicial y fiscal y junto a altos representantes del Estado.
Los discursos de apertura del acto, celebrado en el Salón de Plenos del alto tribunal, han estado marcados por las referencias a la situación de Cataluña.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, tras presentar los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondientes al año 2017, ha hecho referencia al procés en su discurso. Según ha señalado Segarra, “durante el año 2017 asistimos en Cataluña a un desbordamiento del orden constitucional y estatutario” que se encontró con la “firme” actuación de las instituciones del Estado de Derecho, también del Ministerio Fiscal, “en su inequívoco compromiso con el principio de legalidad”.
En este sentido, Segarra ha destacado que “las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad” deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico ya que, según ha señalado, “no hay nada más democrático que la ley porque la ley nos vincula a todos”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha comenzado su discurso recordando que en el cuadragésimo aniversario de la Constitución “nuestro país está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente” desde un punto de vista social y político.
Lesmes ha recalcado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y no preservan los derechos y las libertades de todos”. En este sentido, ha destacado que “si la Constitución es la expresión democrática del poder político, resulta una contradicción insuperable que ese poder, en alguna de sus formas, pretenda subvertir la norma que legitima su ejercicio”.
Para finalizar, Lesmes ha pedido que se dirija la mirada “a la legitimación misma de todo el sistema” para que la sociedad “encuentre motivos de adhesión al ordenamiento que disciplina su convivencia”, y ha pedido un esfuerzo común para explicar el “formidable legado” de la Constitución, sin renunciar a su reforma “si así lo reclamara el pueblo español, depositario de la soberanía”.