- La próxima jornada será el 28 de mayo
Con el aforo completo, la sede del Colegio celebró ayer la inauguración del “Aula de Debate: Justicia, Abogacía y Sociedad”, una iniciativa que ha puesto en marcha la institución a fin de poder debatir temas de actualidad aunando la perspectiva jurídica a la de otros sectores representativos de la sociedad.
En su estreno, el Aula se ocupó de una cuestión recurrente en nuestros días y que afecta de lleno a la figura del abogado/a: “la incomprensión social del derecho de defensa en casos de delitos graves y de proyección mediática”. Como ponentes, el magistrado y presidente de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, Arturo Beltrán; la periodista Cruz Morcillo; y el abogado Endika Zulueta.
El diputado de la Junta de Gobierno y responsable del área de formación, Raúl Ochoa, fue el encargado de abrir el debate y comenzó denunciando la gravedad de que se identifique al abogado que asume la defensa con la conducta del imputado cuando es “parte de la obligación y la labor profesional del letrado”. Ochoa reclamó a su vez la cooperación de los medios “para que no fomenten esas actitudes” y, por otra parte, reconoció que también parte del rechazo social proviene del seno del concepto que algunos abogados tienen de sí mismos cuando rechazan abiertamente la posibilidad de defender determinados casos, pues “equivale a conculcar el derecho de defensa de todas las personas”.
Precisamente esta defensa del derecho de defensa, fue objeto de la intervención del magistrado, que señaló que efectivamente la sociedad tiende a demonizar determinados delitos: en los años 80 fueron los crímenes de terrorismo, a continuación los de narcotráfico y, en la actualidad, los delitos contra la indemnidad sexual y víctimas especialmente débiles. “El abogado es el quicio de la sociedad democrática, el estímulo del poder judicial”, indicó Beltrán, por eso, que el abogado sea reprobado “conlleva un deterioro singularmente terrible del estado de derecho pues, sin defensa, el juez nunca podría dictar una resolución verdaderamente justa”.
Cruz Morcillo por su parte aportó la perspectiva de los medios de comunicación y empezó por señalar que “es muy diferente cómo se trabaja en prensa escrita y televisión, en la medida que la absorción que tiene la imagen condiciona todo lo que se cuenta y cómo se cuenta”.
Para la periodista, la proyección mediática de los casos más sensibles está intrínsecamente relacionada con la cantidad de medios en nuestro país dedicados a los sucesos. Y aunque Morcillo recordó que “los periodistas no están obligados a cumplir el secreto de sumario” reconoció que “queda por hacer en cuanto a pedagogía para que los abogados sean considerados un operador esencial del Estado de Derecho, y eso forma parte de la responsabilidad social de los periodistas”·
Finalmente el abogado Endika Zulueta puso el foco de atención en los poderes públicos y el tratamiento que realizan de los casos más mediáticos, pues para el penalista “el respeto de los derechos fundamentales no puede exigírsele a los medios de comunicación, pero sí a las administraciones y entes públicos”.
En este sentido, recordó la reciente entrada en vigor de la Directiva 2016/343 que regula la presunción de inocencia en Europa y establece que no se debe señalar a los imputados como culpables mientras no exista sentencia condenatoria firme. Zulueta hizo referencia a que, por ejemplo, la Guardia Civil incumple sistemáticamente este deber “dictando fallos en sus notas de prensa, lo cual incide directamente en la labor profesional del letrado”. Para el abogado, esta debe ser una de las principales líneas de actuación, además de hacer que la sociedad “asuma como propio el derecho de defensa y la presunción de inocencia” y aplicar “pedagogía personal, es decir, responder con orgullo que no se defiende el hecho imputado, ni a la persona, sino los derechos fundamentales del cliente” comunes a toda la sociedad y cuya defensa contribuye a que “avancemos en materia de derechos”.