El pasado 13 de junio se celebró la primera jornada organizada por la Sección de Derecho Administrativo del Colegio, que trató un tema de gran trascendencia en la disciplina: la responsabilidad patrimonial de la Administración tras las leyes 39 y 40/2015, de la mano de Rosa Collado, letrada del Consejo de Estado.
El presidente de la Sección, Alberto Dorrego, que moderó el evento, celebró la participación en las actividades de la Sección de todos los miembros inscritos, reiterando su intención de organizar “debates abiertos”, en los que puedan ponerse en común las experiencias de todos los participantes.
Collado por su parte, de forma ágil y amena, fue desgranando las principales novedades introducidas tras la derogación de la ley 30/1992, incluyendo numerosos ejemplos, aunque ya anticipó que “no hay ninguna novedad sustancial”. Como nuevos supuestos, destacó la sujeción a responsabilidad por normas que vengan declaradas inconstitucionales, normas que contradigan el Derecho de la UE, así como la responsabilidad por mal funcionamiento del Tribunal Constitucional.
En referencia a la responsabilidad de los contratistas, refirió que las nuevas normas “se limitan a reproducir la regla clásica”, reiterada en otros cuerpos normativos como, por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público, pero que, no obstante, los ciudadanos siempre prefieren ir contra la Administración, dando lugar al “fenómeno del funcionario con un expediente”, que pone en marcha el procedimiento y ocasiona su resolución.
Mencionó que es frecuente “un abuso de derecho” en base a la obligación de la Administración de tramitar todas las reclamaciones recibidas, incluso las infundadas, con el consiguiente gasto público que esto supone. En este sentido, Collado comentó uno de los casos incluidos en el material proporcionado para la jornada: la reclamación presentada por los propietarios del caserío donde se encontraba el zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara, que fueron contra la Administración por “mala actuación policial”.
Antes de que finalizara la jornada, la letrada aprovechó para denunciar la falta de coordinación entre la Administración de Justicia y la Penitenciaria, recordando que el Consejo de Estado lleva años solicitando un Turno de Oficio específico para las ejecuciones, pues, a pesar de lo preceptuado por la Ley, los Tribunales no realizan el trámite de refundición de condenas salvo que el abogado del penado lo inicie.